La Fiscalía impone la amnistía pese a las dudas de los fiscales sobre el encaje de la malversación y allana la vuelta de Puigdemont

De la mano de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde y el fiscal de Sala jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez-Covisa, la Fiscalía ha puesto la alfombra roja a la amnistía, «sin matices» y «a todos» los relacionados con el procés. Para ello, hace unos días la número dos de Álvaro García Ortiz presentaba tres escritos diferentes, personalizados y favorables al borrado penal, ante el Supremo que tiene previsto resolver esta misma semana cada una de las tres líneas abiertas sobre la cuestión, una vez en vigor la polémica norma y resuelto, por la mínima, el conflicto de criterios planteado por los cuatro fiscales de una de ellas, la causa especial del 1-O, tras invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Los informes se dirigían a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desglosados en tres bloques distintos, de idénticas consecuencias. Por una parte, la revisión de las condenas firmes de inhabilitación impuestas a los cabecillas políticos de la independencia catalana y promotores del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017, ya indultados en las penas de prisión: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Por otra, el requerimiento al magistrado instructor, Pablo Llarena, para que levante de manera automática las medidas cautelares que pesan sobre los fugados independentistas entre los que se encuentran Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Luis Puig y el propio Carles Puigdemont lo que, en la práctica, supondrá allanar la vuelta inmediata, aunque no inmediata, de este último a España, tras dejarse sin efecto la orden nacional de búsqueda y captura que todavía sigue activa sobre el ex presidente.

Por último, dejar de investigar el asunto de Tsunami Democràtic que, procedente de la Audiencia Nacional, mantiene procesado por terrorismo a Carles Puigdemont y al diputado catalán Rubén Wagensberg como responsables de los altercados violentos que se produjeron en «infraestructuras estratégicas» del Estado, en Cataluña, durante las protestas coordinadas que tuvieron lugar en octubre de 2019, después de conocerse el sentido de la sentencia dictada sobre el 1-O.

La Fiscalía General considera que la amnistía no admite discusión, ni está sujeta a posibles interpretaciones sino que toca aplicarla «a como dé lugar» porque se cumplen las «finalidades expresas» para las que fue concebida, redactada y enmendada, en todos los casos, hechos y circunstancias.

Es más, según ha podido saber El Debate, se han dado indicaciones «expresas» –aunque no se hayan recogido en «el Decreto dictado» por el fiscal general, ni «en orden razonada alguna»– para que en los escritos de los fiscales, sea la causa que sea y sobre quien sea, no se mencione ni la posible oposición de la norma, o algunos de sus preceptos, a la Constitución. Tampoco se ha dado luz verde a la solicitud de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pese a que «es obligado plantearlas», denuncian algunas de las fuentes consultada por este diario, en aquellos aspectos en los que hay serias dudas sobre la legalidad de los presupuestos contemplados en una ley que podría confrontar, de manera directa, con el derecho comunitario.

Así las cosas, lejos de ser un clamor unánime en el seno de la Institución, como ya pusieron de manifiesto los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno frente a su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, la Carrera «está irremediablemente dividida». Siguen siendo muchos los miembros del Ministerio Público que albergan serias dudas sobre el encaje de la malversación y, también, en materia de terrorismo. Dos escollos que, aunque no les están permitiendo «plantearlos en aquellas peticiones de amnistía en las que se presentan dudas más que razonables», son «una realidad a gritos» entre los fiscales.

Aplicar la amnistía, sin paliativos

De hecho, y según ha podido saber El Debate, los fiscales catalanes encargados de informar sobre la primera anmistía que se ha consumado, la del ex consejero de Interior y ex dirigente de Junts Miquel Buch, condenado a 4 años de prisión y 20 de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación –tras contratar, en 2018, los servicios de un mosso d’esquadra para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica, donde estaba fugado– consideraban la necesidad de recurrir el perdón aprobado para éste por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en lo relativo a la malversación.

Los fiscales consideraron que para Buch, y por extensión para el agente contratado y también amnistiado Lluís Escolà, condenado a otros cuatro años de cárcel, el beneficio patrimonial directo, derivado el desvío de los fondos públicos empleados para la prestación de dicho servicio de seguridad era muy clara. La realidad es que «no les han dejado», ni siquiera, sugerirlo. Las órdenes no admiten discusión. Aplicar la amnistía sin paliativos.