El plan de Sánchez contra la prensa crítica no irá al Consejo de Ministros para impedir alegaciones

El plan de «calidad democrática» que Pedro Sánchez concretará en una comparecencia en el Congreso el miércoles 17 de julio no pasará por el Consejo de Ministros. El presidente tiene previsto volver a recurrir al atajo de la proposición de ley en lugar del proyecto de ley para acortar los tiempos, evitar cualquier contestación por parte de los órganos consultivos del Gobierno y, además, ahorrarse trámites como los de consulta pública previa y audiencia e información públicas. Para que ni siquiera las asociaciones de prensa puedan presentar alegaciones.

En una sola proposición de ley orgánica, y por la vía rápida, los socialistas reformarán dos leyes orgánicas -las que afectan a derechos y libertades fundamentales- y una ley ordinaria con la coartada de la calidad democrática, la lucha contra la desinformación y la independencia de los medios de comunicación. Se trata de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación (ambas datan de los años 80) y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que fue aprobada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. En seis años, ni Sánchez ni su partido habían mostrado nunca interés en modificar ninguna de las tres. No consta ni una iniciativa gubernamental o parlamentaria al respecto. Pero eso cambió con el estallido del caso Begoña.

El (mal) precedente

El presidente pretende utilizar la coartada de que ésta es una cruzada que han de protagonizar los grupos parlamentarios de la mayoría progresista para, de esta forma, que no se repita lo que le sucedió con la frustrada Ley de Información Clasificada hace dos veranos.

A principios de agosto de 2022, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de esta ley, que debía sustituir a la actual ley de secretos oficiales, que data de 1968. La iniciativa partió del ministerio de Félix Bolaños. El solo anteproyecto generó el rechazo frontal de todas las asociaciones de prensa, así como de juristas, investigadores e historiadores por limitar la libertad de información y de expresión -muchos hablaron de censura previa- y establecer multas de hasta tres millones de euros por difundir información secreta. Hubo informes contrarios del CGPJ y hasta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A los socios del PSOE tampoco les gustó la norma proyectada.

El ministro Bolaños quiso tramitarlo por el procedimiento de urgencia para despacharlo cuanto antes, sin trámite de consulta pública y limitando a siete días de agosto el trámite de información pública, para que los afectados apenas tuvieran margen de presentar alegaciones. A pesar de todos los esfuerzos del Ejecutivo, y dado que el anteproyecto no contaba siquiera con el respaldo de sus aliados habituales, Sánchez desistió y lo metió en un cajón.

Ahora es distinto. Una vez que el presidente comparezca en el Congreso para anunciar las líneas maestras de su plan, el Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que hagan sus aportaciones y para asegurarse los apoyos. Podemos ya le dio algunas ideas en mayo, cuando registró en el Congreso una iniciativa en la que proponía, entre otras cosas, la creación de un Consejo del Derecho a la Información. Una especie de tribunal inquisidor que decida cuáles son las noticias falsas y que elabore una lista negra de medios y periodistas.

Los socialistas pretenden que la proposición de ley lleve su firma y la de Sumar

Los socialistas están trabajando en las medidas con el partido de Yolanda Díaz. Su objetivo es que los grupos parlamentarios del PSOE y de Sumar presenten en septiembre, conjuntamente, una proposición de ley orgánica que englobe todo. El presidente habla de la necesidad de adaptar el reglamento europeo 2024/1083, conocido como la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor a principios de mayo y es de obligado cumplimiento para los países miembro. No obstante, al tener rango de reglamento no hay que trasponerlo a la legislación nacional como en el caso de las directivas europeas, sino que es de aplicación inmediata. Además, esa ley persigue dotar de mayor independencia a la prensa, que no parece el mismo objetivo que tiene Sánchez, según sus propias declaraciones.

Es ya una constante que el Gobierno socialista recurra al camino corto de la proposición de ley para sus iniciativas legislativas más polémicas. La ley de amnistía nació de una proposición de ley orgánica que el grupo parlamentario socialista presentó en el Congreso el pasado noviembre. También una proposición de ley fue la fórmula con la que, la pasada legislatura, el Ejecutivo derogó el delito de sedición y rebajó el de malversación; modificó la ley del ‘solo sí es sí’ ante la avalancha de rebajas de condena; y reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que, estando en funciones, el CGPJ pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial.

Las artimañas parlamentarias son el modus operandi habitual de los socialistas. La semana pasada, sin ir más lejos, los socialistas colaron una enmienda en la ley de paridad para reformar por la puerta de atrás la ley de estabilidad presupuestaria. Su intención era despojar al Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- de su capacidad de vetar los objetivos de deuda y déficit que presente el Ministerio de Hacienda. Y que son el paso previo para los Presupuestos Generales. Como contó El Debate, el Gobierno no dio más explicación que ésta: «Era la vía más rápida».