García Ortiz neutraliza en el Supremo los recursos de los fiscales catalanes críticos con amnistiar la malversación

La división de la Fiscalía a cuenta de la amnistía de la malversación es, cada vez, más insostenible. Si tras la aprobación de la polémica norma eran los cuatro fiscales de la causa especial del 1-O quienes comunicaban al titula de la Institución, Álvaro García Ortiz, que no aceptarían firmar ningún informe contrario a su posición contraria al borrado penal previsto para el desvío de fondos públicos cometido para financiar el procés, ahora, son los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña quienes se desmarcan de la imposición de su superior de aplicar la amnistía sin paliativos, de manera total e inmediata, en varias causas.

El pasado miércoles, el fiscal jefe catalán, Francisco Bañeres, comunicaba formalmente ante el TSJC su intención de recurrir la sentencia del 25 de junio por la que el órgano amnistió al ex consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y al mosso que acutó como escolta del ex presidente y prófugo Carles Puigdemont, el agente Lluís Escolà. Los dos primeros beneficiados por la norma. Lo hacía tras haber cumplido, inicialmente, en atención a la «obediencia debida» y el principio de jerarquía, con la orden de instar, en la causa, la amnistía completa para ambos.

Sin embargo, una vez conocido el sentido del fallo y haciendo uso de los plazos legales habilitados para ello, la Fiscalía catalana movía ficha y se dirigía a la Secretaría Técnica de la General, a través de un oficio, para advertir de su intención de presentar un recurso en lo relativo a la corrupción.

No hubo respuesta alguna ni verbal, ni mucho menos por escrito, de manera que los fiscales responsables del caso, iniciaban los trámites necesarios para iniciar la discusión judicial con la que los fiscales catalanes tratan de que no se anule, en firme, el fallo con el que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Buch y Escolá, en septiembre de 2023, por sendos delitos de prevaricación y malversación.

No en vano, según confirma a El Debate fuentes de toda solvencia, llegaron a enviar una nota de prensa a la Fiscalía General del Estado (FGE) para explicar la decisión a la opinión pública y los motivos en los que se apoya la misma, pero esta comunicación nunca fue distribuida por la oficina de prensa de García Ortiz, Muy al contrario, el fiscal general ya se asegura de que el asunto quede neutralizado en el Supremo donde los fiscales de Sala más afines a su criterio sobre la norma, tienen la instrucción de no formalizar nada de lo anunciado en tiempo y forma.

Y es que, si bien corresponde a los fiscales del TSCJ decidir sobre el recurso de casación por infracción de Ley, al entender que la malversación por la que fueron sancionados los separatistas no encaja en esta Amnistía, son sus compañeros del Alto Tribunal quienes están encargados de redactar el texto de la impugnación y registrarlo. Y es ahí donde García Ortiz trata de mover ficha para asegurarse de impedir que se formalice el mismo.

Un nuevo conflicto «estatutario»

El asunto, de acuerdo con las normas de reparto de la Fiscalía del Supremo (TS), que gestiona el fiscal Javier Huete, tiene que asignarse a alguno de los fiscales adscritos a la Sección de lo Penal del Tribunal, que consta de dos subsecciones. Si el destinatario del encargo cumple con la voluntad de sus superiores, entonces, a los fiscales «no les quedará más remedio que seguir los trámites estatutarios», avanzan a este diario fuentes próximas al asunto. Esto es, plantear un conflicto ante la Junta de Sala, como ya sucedió en el caso de los encargados de la causa especial del 1-O: Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.

Un escenario que, las misma fuentes, califican de «vergonzosa». En especial, «después de los dos autos dictados» tanto por la Sala de Enjuiciamiento del TS, presidida por el juez Manuel Marchena, como por el instructor del asunto, el magistrado Pablo Llarena, en los que de manera pormenorizada se rechazaba la aplicación de la amnistía a la malversación perpetrada por los cabecillas políticos del separatismo catalán, en 2017.

Sobre la mesa, no sólo el empeño de los fiscales catalanes Francisco Bañeres y Pedro Ariche, teniente fiscal de la Superior de Cataluña, por evitar que la malversación cometida por el ex consejero Buch –que aplicó de manera indebida hasta 52.712 euros de fondos públicos para dotar de seguridad y protección al ex presidente Puigdemont, fugado en Bélgica– quede impune.

Además, de lo que suceda en esta ocasión dependerá, en buena medida, el planteamiento de la Fiscalía de Cataluña sobre otros asuntos, no menores, que están por discutirse como, por ejemplo, la posible amnistía de otros destacados independentistas como Josep María Jové, Josep Lluís Salvadó y Natalia Garriga, procesados por desobediencia, malversación y prevaricación en el marco del referéndum del 1-O.

Los mismos fiscales que, hace un año, presentaron su escrito de acusación contra los tres ex altos cargos de Esquerra (ERC) pidiendo 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové; y, seis años y tres meses de cárcel más 27 años de inhabilitación para Salvadó, ambos imputados por los tres delitos, se ven ahora en la tesitura de tener que defender su libre absolución. Una posición que sigue los criterios de «unidad de actuación» y «dependencia jerárquica» pero que, al igual que sucedió con sus compañeros en el causa de Buch no le impide, una vez conocida la decisión del TSJC, anunciar la interposición de un recurso de casación ante el Supremo contra dicha resolución.