Los fiscales catalanes contrarios a la amnistía de la malversación cumplen «por imperativo legal» de su superior

La fiscalía está «partida». Ésa era la denuncia lanzada por varios de los miembros del Ministerio Público al término de la Junta de fiscales de Sala del Supremo en la que el titular de la Institución, Álvaro García Ortiz, salvó por un sólo voto –el de su predecesora Dolores Delgado, pese a que se le han anulado los dos nombramientos que le daban derecho a participar– el conflicto planteado por los cuatro fiscales encargados de la causa especial del 1-O que se negaban a informar a favor de la amnistía en el delito de malversación. García Ortiz los apartó y a través de su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde pidió a la Sala Segunda del Alto Tribunal aplicar la polémica norma de manera total e inmediata a todos los procesados y condenados del procés.

Pero lejos de sofocar el incendio que, a nivel interno, provocó aquella maniobra aritmética, en la que García Ortiz contabilizó su propio pronunciamiento, y de las instrucciones dadas a todos los fiscales inmersos en causas derivadas del separatismo catalán, cada vez más, se pone de manifiesto que no hay una posición unánime sobre la amnistía en el seno del Ministerio Público, ni tan siquiera que la mayoría de los fiscales de base coincidan, como insisten una y otra vez desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, cada vez que se les pregunta, en que todo debe ser amnistiado sin rechistar.

Tal es así que los fiscales catalanes al frente de los procedimientos ya juzgados, pero también los pendientes de enjuiciarse, por hechos ocurridos o derivados del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017, o incluso las protestas posteriores contra la sentencia que condenó a prisión a sus cabecillas políticos, se niegan a solicitar el borrado penal de la malversación. Y, por ello, en todos los escritos que se están viendo obligados a presentar hacen constar de manera evidente y textual que sólo lo hacen por imperativo legal y en «cumplimiento del deber de obediencia» que les somete, jerárquicamente, al mandato del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo han reflejado en sus textos, según ha podido saber El Debate, tanto los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la causa del primer amnistiado, el ex consejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch, y su escolta; como lo han planteado los fiscales adscritos a la causa que tiene que decidir, en los próximos días, sobre el destino procesal de Josep María Jové, Josep Lluís Salvadó y Natalia Garriga, procesados por desobediencia, malversación y prevaricación en el marco del referéndum de independencia del 1-O.

Los mismos fiscales que, hace un año, presentaron su escrito de acusación contra los tres ex altos cargos de Esquerra (ERC) pidiendo 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové; y, seis años y tres meses de cárcel más 27 años de inhabilitación para Salvadó, ambos imputados por los tres delitos, se ven ahora en la tesitura de tener que defender su libre absolución. Una posición que sigue los criterios de «unidad de actuación» y «dependencia jerárquica» pero que, al igual que sucedió con sus compañeros en el causa de Buch no le impide, una vez conocida la decisión del TSJC, anunciar la interposición de un recurso de casación ante el Supremo contra dicha resolución.

No en vano, el varapalo de la Sala Segunda del Alto Tribunal a la posición del fiscal general, asumiendo no su tesis sino, en buena medida, la de los fiscales de Sala purgados –Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno– ha supuesto un balón de oxígeno para aquellos fiscales que, apoyados en los dos autos dictados por el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena y el presidente del tribunal enjuiciador, el juez Manuel Marchena, se están rebelando, en cierta medida, contra los dictados impuesto pos sus superiores «sin que medie un Decreto motivado», como debería ser, denuncian desde la Institución.