El reparto forzoso de «menas» que ultima el Gobierno convierte la crisis humanitaria en una crisis política

La situación de emergencia que viven las Islas Canarias por la llegada sin control de menores extranjeros no acompañados -a los que es prácticamente imposible repatriar- ha derivado en una contienda política de primer nivel. No solo entre el Gobierno y el PP, sino entre el Gobierno y las comunidades y, también, del PP con Vox en aquellas autonomías donde gobiernan juntos: Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende imponer un reparto entre todas las regiones para aliviar la situación de las islas, tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo de Fernando Clavijo (de Coalición Canaria), que gobierna con el PP. He ahí el mayor problema para Alberto Núñez Feijóo. «Solidaridad obligatoria» lo han llamado, que se articularía mediante una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Para que, cuando un territorio llegue al 150 % de su capacidad de acogimiento, haya un mecanismo automático que derive a los menores a otras regiones, en base a criterios de población y PIB de los territorios receptores.

Pero la iniciativa ha chocado con la oposición frontal de Junts, socio necesario de legislatura de Sánchez, que no quiere entrar en el reparto. Cabe recordar que, en enero, el partido de Carles Puigdemont arrancó al presidente el compromiso de ceder las competencias migratorias a Cataluña a cambio de no tumbarle tres decretos ley. Entonces Junts no aclaró para qué. Ahora se ha destapado.

Ante la oposición frontal de Puigdemont, el Gobierno necesita la colaboración del PP en el Congreso para sacar adelante la reforma este mismo mes de julio. El atolladero de Feijóo no es menor: por un lado tiene a su partido en Canarias presionando porque hay 6.000 menas y las islas tienen capacidad para 2.000. Por el otro, Vox amenaza con romper los pactos en aquellas regiones que acepten el reparto obligatorio. Este mismo lunes Santiago Abascal insistió en ello y en que su partido no quiere ser cómplice de «robos, machetazos y violaciones».

Feijóo garantizó este lunes, de nuevo, la solidaridad de las 11 regiones gobernadas por su partido. Pero insistió en que el Gobierno no puede obligar a las comunidades a hacer un esfuerzo extra sin poner dinero sobre la mesa: los populares solicitan que el Ejecutivo movilice 500 millones de euros para hacer frente a la emergencia. Sin financiación no aseguran su apoyo.

Entre tanto, este miércoles la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reunirá a todas las autonomías en una conferencia sectorial en Tenerife. Pero todas las partes ya adelantan que está abocada al fracaso. La propia ministra recordó el domingo en Eldiario.es que el Ejecutivo no necesita a las comunidades para sacar adelante la reforma legal: «La modificación legislativa le compete al Congreso de los Diputados y las Diputadas, no a la conferencia sectorial de Infancia, pero sí que creemos que es importante que las comunidades autónomas formen parte del proceso de la toma de decisiones», señaló. No le hacen falta las comunidades del PP, pero sí el PP: el PSOE necesita mayoría absoluta en las Cortes para reformar la ley de extranjería (tiene rango de ley orgánica), y sin Junts en la ecuación solo puede proporcionársela el PP. Tampoco ERC está precisamente entusiasmado con la idea.

A propósito de esta conferencia sectorial, Vox registró la semana pasada una moción en el Senado en la que solicitaba un «plan efectivo de repatriación de menas con sus padres en sus países de origen». Pero es que el regreso obligado a casa de estos menores resulta prácticamente imposible. Sus familias los tienen que reclamar o, en su defecto, Interior tiene que reunir informes que garanticen que en su país de origen estará mejor que en España.

A mayores, la legislación actual establece que un menor extranjero puede solicitar el permiso de residencia en España transcurridos 90 días desde que las autoridades acreditan la imposibilidad de repatriación. Y tampoco puede ser repatriado en lo que se tramita su solicitud porque vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, como sentenció el Tribunal Supremo en julio de 2023: «La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor», según el fallo, que sentó jurisprudencia. Cuando son mayores de edad conservan esa residencia legal que adquirieron siendo menores.

Entre 2023 y lo que llevamos de 2024 (hasta la semana pasada) han llegado a España 7.693 menores extranjeros no acompañados, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. En Tenerife y Las Palmas la situación va cada vez a peor. En Santa Cruz de Tenerife, el año pasado llegaron 155 y este año van 852. En Las Palmas de Gran Canaria fueron 599 en todo 2023 y, en lo que va de 2024, ya son 594. El pasado sábado, centenares de personas salieron a las calles en ambas islas para protestar contra la inmigración ilegal. «Canarias tiene un límite y ya no puede más», clamaban.