García Ortiz convoca un Consejo Fiscal extraordinario para salvar el cese de Dolores Delgado en Memoria

el fiscal general del Estado ha movido ficha. El próximo día 23 de julio convocará a los miembros del Consejo Fiscal para debatir sobre la causa de prohibición que pesa sobre Dolores Delgado para ocupar el cargo de fiscal titular del área de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por su posible incompatibilidad para el puesto con la actividad profesional de su marido, el ex juez Baltasar Garzón, abogado especialista en la materia.

Álvaro García Ortiz no ha querido esperar, ni siquiera, a que el Gobierno dé cumplimiento a la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que anuló la designación de su predecesora para la plaza –creada ad hoc, cuando era Ministra de Justicia y sabiendo que participó en la redacción de la norma en la que se diseñó la misma-. Y, así las cosas, ha anunciado a los consejeros que se verán, de nuevo, el día 23 de este mes para deliberar y, en su caso, votar la situación de la candidata sobre la que «pesan serias dudas de idoneidad».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal acordaba, por mayoría, la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la polémica designación en la que García Ortiz, en un «exceso», no permitió al Pleno del Consejo Fiscal pronunciarse «invadiendo» para ello «competencias propias» del órgano.

Fuentes del Pleno, que se ha celebrado esta mañana a partir de las 09.30 horas, consultadas por El Debate, apuntan a una «nueva maniobra» del titular del Ministerio Público para «salvar» a Delgado, antes de que «pueda llegar a ser imputado» por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el Supremo (TS), por un presunto delito de revelación de secretos, en la querella presentada por el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

«Es consciente de que el tiempo juega en su contra», han advertido las mismas fuentes, «tanto por su propia situación procesal» como porque, a finales de este mes, se agota el plazo legal de dos meses que el TS concedió, como máximo, al Consejo de Ministros para revocar el decreto de nombramiento de Delgado para la plaza que sigue ocupando en la actualidad, pese al sentido negativo del triple fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el pasado mes de mayo.

Como ya adelantó en exclusiva este diario, hace un par de semanas, la órbita de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva un tiempo rumiando los trámites necesarios para lo que está por llegar.

Una inédita petición, en forma de requerimiento «improrrogable», remitida el pasado día 13 de junio por la Inspectora de la Institución, María Antonia Sainz Gaite, en la que instaba a los vocales electivos del Consejo Fiscal, a través de las diferentes asociaciones a las que pertenecen cada uno de ellos, a informar sobre los argumentos jurídicos en contra de Delgado, ya hizo saltar todas las alarmas en el seno de la Carrera y del órgano consultivo.

Sobre la mesa, el entonces «inesperado» movimiento de la número tres del escalafón para que los consejeros reportasen, en un perentorio y discrecional plazo máximo de cinco días, sobre la posible causa de prohibición que impediría a Dolores Delgado volver a presentarse como candidata para la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que todavía ocupa, aunque su nombramiento fue anulado por el Supremo (TS), el pasado día 7 de mayo.

En las horas más bajas del titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, la Inspección Fiscalía aceleraba los trámites necesarios para sortear, «de un modo u otro», la situación de Delgado de modo favorable. Con este nuevo anuncio de Pleno extraordinario, las sospechas de los fiscales «se están confirmando» sobre el porqué la cúpula de la Fiscalía habría estado trabajando «contrarreloj» para terminar, cuanto antes, el expediente incoado en cumplimiento de parte de las sentencias dictadas por la Sección Cuarta de la Sala Tercera.

Es ahora, cuando dicho dictamen está próximo a conclusiones, aunque todavía «no se ha dado traslado» de las mismas a los integrantes del CF, cuando García Ortiz ha preparado el escenario para solucionar la situación de su predecesora y amiga Delgado. El máximo responsable de la Fiscalía es consciente de que el futuro profesional de la que fuera exministra de Justicia con Pedro Sánchez, depende de lo que ocurra en el próximo Consejo Fiscal del 23 de julio.

No en vano, lo que decida la mayoría del Pleno «será de obligado cumplimiento» para García Ortiz ya que, «en este supuesto, el órgano actuará con funciones ejecutivas y no, meramente, consultivas», han advertido a El Debate fuentes especializadas en la materia.