Sánchez pierde su filón: la ruptura de Abascal con el PP descoloca por completo al PSOE

La salida de Vox de los cinco gobiernos regionales que compartía con el PP ha descolocado por completo al PSOE. Los socialistas llevaban más de un año viviendo de las rentas que han proporcionado a la izquierda los pactos de Alberto Núñez Feijóo con el partido de Santiago Abascal y, de pronto, el filón se les ha acabado.

El «auge de la ultraderecha» fue el leitmotiv que Pedro Sánchez usó durante la campaña de las elecciones generales de 2023. Como entonces le funcionó para movilizar al electorado de izquierdas, un año después volvió a utilizar ese mismo anzuelo en la campaña de las europeas del pasado 9 de junio. Y lo ha seguido haciendo. «Cuando haya elecciones en el año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas: el PP, Alvise y Abascal. Y vamos a ganarles a las tres», le dijo el presidente a Feijóo en un cara a cara en el Congreso pasados esos comicios.

Los socialistas se pasaron todo el jueves recalculando su estrategia y esquivando a la prensa para no hablar antes de tiempo. Al finalizar el Pleno en el Congreso, la vicesecretaria general del partido y su secretario de Organización, María Jesús Montero y Santos Cerdán, se quedaron en el hemiciclo a solas, hablando largo y tendido de la situación. Después se marcharon sin atender a la prensa, algo extraño en el caso de Montero.

Sánchez marca el camino

Hubo silencio total en las filas socialistas hasta que Sánchez habló desde Washington a última hora del día y marcó el camino del resto. El presidente declaró que era «un gran día para España», pero pidió a Feijóo más. Pidió que rompa sus coaliciones también en los ayuntamientos. Éste es un paso que, de momento Abascal no ha dado -aunque ya ha amenazado con darlo si los alcaldes populares colaboran en el reparto de menores no acompañados- y que el PP no va a dar motu proprio (a la espera de acontecimientos).

Y aún Sánchez le pidió algo más: que demuestre su propósito de enmienda votando a favor la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una reforma pactada entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias -formado por Coalición Canaria y el PP- que Sánchez no ha negociado con Feijóo. Y que permitiría al Gobierno ordenar unilateralmente un reparto forzoso de los menores extranjeros no acompañados cuando una comunidad llegue al 150 % de su capacidad de acogimiento.

Detrás del presidente fueron todos los demás este viernes. Montero señaló: «España es hoy un país mejor porque la ultraderecha deja de estar en instituciones de comunidades autónomas. El PP de Feijóo debe derogar las vergonzosas leyes que han aprobado con VOX y atreverse a romper los pactos municipales con la ultraderecha». Cerdán: «Circos aparte, y a pesar de que ha sido Vox, y no el PP, quien ha roto los gobiernos autonómicos, Feijóo sigue teniendo la oportunidad de romper con la ultraderecha en los Ayuntamientos y derogar los retrocesos aprobados. El acuerdo sobre inmigración será la piedra de toque».

Ferraz ha impuesto esa misma línea a sus organizaciones territoriales. Y sobre todo: nada de garantizar la estabilidad al PP en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Murcia y Baleares, cuando sugirió el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, en una entrevista con El Periódico de España el martes. Por entonces ya se intuía el desenlace.

Aunque los socialistas están tratando de poner el foco en los ayuntamientos que de momento el PP y Vox seguirán gobernando juntos -unos 140-, la ruptura de Abascal con Feijóo por la inmigración también les señala a ellos. Y, más en concreto, al pacto de Sánchez con Junts. Un partido que rechaza apoyar la reforma de la Ley de Extranjería si Cataluña no queda excluida del reparto obligatorio de menores no acompañados (de ahí que el Gobierno necesite el voto del PP). Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, reiteró el jueves en el Congreso que bajo ningún concepto lo aceptarán: «Nosotros creemos que aquí algunos están confundiendo solidaridad con abuso y con imposición», sostuvo.

Sin embargo, el Gobierno no ha tenido reproches para el partido de Carlos Puigdemont. Ni para él ni para otro de sus socios, ERC. El Gobierno de Cataluña en funciones, de Esquerra, votó el miércoles en contra del reparto voluntario de casi 400 menores; el que desencadenó la decisión de Abascal.