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La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña GómezEFE

Primicia

El juez del caso Begoña reclama a la UCO 6 contratos públicos que beneficiaron a Barrabés

El magistrado quiere que los investigadores de la Guardia Civil amplíen la información de varios expedientes de contratación otorgados al empresario por Red.es, el CSD y el Ayuntamiento de Madrid

El juez titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practique nuevas pesquisas sobre un total de seis expedientes de contratos públicos que beneficiaron al empresario Juan Carlos Barrabés, el socio de la imputada Begoña Gómez y quien declara hoy en el juzgado en calidad de testigo clave de la causa.

En una nueva providencia a la que ha tenido acceso El Debate, en primicia, el magistrado instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita a la mencionada unidad del Instituto Armado que recabe una licitación realizada por la entidad pública empresarial Red.es, otra por el Consejo Superior de Deportes (CSD), y cuatro que ejecutó el Ayuntamiento de Madrid.

Respecto al expediente de Red.es, se trata de la obtención de «servicios de apoyo y asesoramiento» para la «oficina Acelera PYME». En el caso del CSD, se trata de un contrato para adquirir el «diseño e implantación del Modelo de Innovación y Transformación Digital del Deporte en España, de un Modelo de Formación y del diseño y la configuración de un Hub de Innovación del Deporte».

A su vez, el juez Peinado pide los expedientes públicos del Ayuntamiento de Madrid que contrataron el «apoyo a la gestión del centro de innovación La N@ve», los «Servicios de apoyo a la Dirección General de Innovación y Emprendimiento en la gestión del centro de innovación 'La Nave', la «creación de un ecosistema de empresas de economía circular, gestionando y promoviendo actividades del Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid (CIEC), tendentes a consolidar este Centro como un referente en materia de innovación y desarrollo empresarial y un punto de encuentro relevante de empresas y agentes del ecosistema», y el «servicio de apoyo a la Dirección General de Economía para la gestión y desarrollo de la factoría industrial de Vicálvaro».

No es la primera vez que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se interesa por contratos suscritos en estos organismos públicos. De hecho, el pasado 2 de julio recibió un informe de la Guardia Civil con información relativa a otros contratos.

En el marco de las pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) ha informado de que Innova Next SLU (de forma individual o conformando UTE con terceras empresas) «ha sido la sociedad en la que más se han concentrado la adjudicación de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés». «Concretamente, un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros y que suponen un 91,7% del total adjudicado», apunta.

Seis empresas, cien contratos

No en vano, la Guardia Civil identificó en su primer dossier, un total de cien contratos que ascendieron a un valor total de casi 25 millones de euros, repartidos entre las 6 mercantiles propiedad del empresario –Barrabés Ski Montaña SLU (65), Barrabés Internet SLU (2), Ixorigue Technologies SL (1), Talking Press SL (1), Track Globe SL (1)– que, bien de manera directa o, porcentualmente, como partícipes en condición de Unión Temporal de Empresas (UTE), recibieron contratos públicos. Entre ellas, la empresa Innova Next SLU, que se benefició de hasta 28 licitaciones por parte de Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid.

Los expertos de la unidad de Delincuencia Económica desglosaron el total de los datos disponibles a través de los portales de transparencia y las plataformas públicas de las diferentes Administraciones en la fecha en la que recibieron el encargo por parte del juez Peinado, pero concluyeron que no era «posible descartar la existencia de otras adjudicaciones, en cualquier periodo temporal, que no hayan sido localizadas por no obrar» en dichos registros o que, «pese a recogerse en los mismos», no hubieran podido ser identificadas. De ahí que ahora, el juez Peinado quiera ahondar en varios de ellos.

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