Esto es lo que dice el Reglamento Europeo sobre la libertad de prensa y los medios

El presidente del Gobierno ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados su proyecto de una ley de prensa para tratar de controlar las informaciones que llegan a los ciudadanos. Para llevarlo a cabo, Sánchez se ampara en un nuevo reglamento europeo que se aprobó el pasado mes de abril y que todavía no ha entrado en vigor, aunque se apoya únicamente en algunos aspectos de la norma comunitaria, obviando otros bastante importantes.

El Ejecutivo pone en el foco en la financiación para reducir el número de medios de comunicación que pueden ser capaces de publicar informaciones poco beneficiosas. Para ello, se centra en el artículo 25 de los 29 con los que cuenta la la norma europea, relativo a la asignación de fondos públicos para publicidad estatal.

Indica que estos se deberán otorgar bajo unos criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios que deberán estar puestos a disposición de los ciudadanos y que las autoridades deberán hacer pública de manera anual la información sobre el gasto público en relación a los medios. Por su parte, las empresas informativas tendrán que ofrecer de forma accesible a sus usuarios el importe anual de fondos públicos que reciben, así como el dinero que les llega procedente de otros países.

En en esta parte en la que se centra el Gobierno, lamentando la opacidad informativa que hay en el sector de los medios. Es algo que pretende combatir el reglamento europeo, que se aprobó en el mes de abril y que no entrará en vigor en su totalidad hasta agosto de 2025, fomentando la transparencia. Para evitar la manipulación, la normativa indica que se deben hacer públicos «los nombres de los titulares directos o indirectos» que puedan tener influencia en la toma de decisiones, ya que considera «vital» que los ciudadanos conozcan quién está detrás de los medios.

Pluralidad y protección

Al tratarse de un reglamento europeo, que fue aprobado en la Eurocámara por 464 votos a favor, frente a 92 en contra, entra en vigor a nivel nacional sin necesidad de que el Gobierno realice ningún tipo de ley adicional. No obstante, si algún Estado decide desarrollar una, como es el caso de España, tendrá que ser por motivos que estén «debidamente justificados y proporcionados», ya que cualquier tipo de legislación afectará a la pluralidad informativa.

La normativa entrará en vigor en agosto de 2025, a excepción del artículo 3, que habla de la pluralidad informativa y será efectivo desde el mes de noviembre. En este sentido, el Parlamento y el Consejo Europeo, en un párrafo, garantizan el derecho de los ciudadanos «a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente» y exigen a los Estados miembros a garantizar las condiciones para salvaguardar dicho derecho. Sin embargo, el Gobierno español, en su presentación del proyecto, distingue entre medios de comunicación tradicionales y «pseudomedios».

Otro de los aspectos en los que entra el reglamento europeo es en la estricta protección del periodista, porque si no tiene libertad para ejercer su trabajo no se podrá garantizar una información fiable. Indica claramente que no podrán ser detenidos ni sancionados, así como se tendrá que impedir que se registren sus oficinas o sean espiados, con la única excepción de que un juez lo autorice para investigar delitos que conlleven penas de cárcel.

Además, en lo relativo a las empresas informativas, obliga a los Estados miembros a respetar «la libertad e independencia editorial efectivas de los prestadores de servicios», impidiéndoles «interferir ni tratar de influir» en sus decisiones editoriales. Es, por tanto, responsabilidad de los Estados miembros garantizar la independencia de los medios no solo privados sino también los públicos como RTVE.