Las tres claves de la reforma con la que Sánchez busca controlar la libertad de los medios de comunicación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios, con la excepción de lo que ha denominado 'ultraderecha', pactar toda una suerte de medidas genéricas con la excusa de garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación que, en realidad, ocultan una importante letra pequeña con la que el líder de los socialistas busca neutralizar la «información» que la prensa, en especial la más crítica con su gestión, hace llegar a los ciudadanos.

La excusa del Reglamento europeo

Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión extraordinaria fijada este miércoles, Sánchez ha justificado su Plan para la Acción Democrática bajo la premisa de trasponer el Reglamento europeo de medios de comunicación, aprobado hace unos meses por los Estados miembros en Estrasburgo, a nuestro ordenamiento. Lo que ha ocultado Sánchez es que dicha norma es de «aplicación inmediata» para todos los países firmantes y que las líneas maestras del mismo discurren, en realidad, en sentido contrario a la dirección que aspira a recorrer para la prensa patria.

«En Europa apostaron por más libertad frente a la censura que busca» la Moncloa para los medios de comunicación que ponen «blanco sobre negro las lagunas de su gestión, critican sus pactos de invcestidura y denuncian la presunta corrupción que rodea a una buena parte del PSOE», aclaran los expertos consultados por El Debate, en casos como la compra de mascarillas sin control durante la pandemia, a cargo de gobiernos autonómicos socialistas; el presunto tráfico de influencias que afecta a su mujer Begoña Gómez o los escándalos que rodean a la contratación de su hermano, Pablo, por la Diputación de Badajoz.

Sánchez ha asegurado que en dicha norma comunitaria se plantea que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también la injerencia de actores extranjeros».

Sin embargo, omite cómo el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación se adoptaron medidas para proteger a los periodistas y a los prestadores de servicios de comunicación de las injerencias de los poderes públicos de turno com más «transparencia, independencia, pluralismo y seguridad». O cómo, quien ha situado a un ex secretario de Estado de comunicación en la agencia EFE de noticias o a una militante socialista en la Radio Televisión Pública (RTVE) de todos los españoles es, precisamente, quien hoy por hoy está incumpliendo en gran medida el contenido de dicho texto.

Cerrar el grifo de la financiación

Sánchez ha defendido la necesidad de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes».

Pero, al mismo tiempo u acto seguido anunciaba un paquete de 100 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación, en una era en la que todos ellos se ha adaptado al formato de las «páginas web» a las que Sánchez señalaba como creadoras de los 'bulos' que, sin embargo, nunca ha llegado a desmentir. Según sus propios datos, al 86% de los lectores españoles le cuesta discernir entre las noticias falsas de aquellas que no lo son.

«Los bulos han hecho que el 34% de los ciudadanos tema que alguien okupe su casa; que la gente crea que el número de inmigrantes sea el doble de lo que es en realidad, que vacunar a los niños es malo o que el cambio climático no está causado por el ser humano,...», ha afirmado Sánchez en el Congreso. «Las fake news no son causadas por accidente, hay alguien que las fabrica para deteriorar la democracia y sus instituciones», ha continuado. «Estas noticias falsas están directamente ligadas con el voto a la ultraderecha. Es un vínculo probado», ha asegurado.

«Usan las fake news para envenenar la convivencia» y acceder, por ejemplo, a representación institucional, sin necesidad de circular por los canales de difusión tradicionales, a través de campañas en redes sociales que tanto molestan al establishment, como sucedió durante la tan criticada primera legislatura de Donald Trump o la entrada de Alvise, y su 'Se acabó la Fiesta', con tres eurodiputados en los últimos comicios del pasado mes de junio, le ha faltado decir.

Entre los planes de Sánchez, están poner en marcha mecanismos para evitar «la concentración de medios de comunicación en pocas manos» y proteger el derecho de los ciudadanos frente a los medios y las grandes plataformas digitales de recibir información veraz. El líder de los socialistas ha concretado, además, que ampliará las funciones y capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para garantizar la supervisión y el cumplimiento de todas sus propuestas.

Ampliar el derecho de rectificación

También ha adelantado que el Gobierno quiere «reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía». «Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas» para lo cual se propondrá «una nueva reforma de la Ley Mordaza».

Es decir, el Gobierno socialista se dispone a grantizar, a través de una modificación del Código Penal, el derecho a la rectificación de la ciudadanía que incluya una reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión. Aunque, en este punto, Sánchez ha afirmado que serán los medios los que deban autorregularse y que su intención no es repartir carnés de buenos y malos periodistas, sobre el anuncio subyace la voluntad del «sanchismo de amordazar a aquella prensa y periodistas» que sean críticos con su Ejecutivo y con su entorno familiar, denuncian desde el Partido Popular, tras escuchar la intervención del líder del PSOE en la tribuna del Hemiciclo.

Bajo la mesa, el temor de que con la derogación parcial de la mal llamada Ley Mordaza se despenalicen las injurias a la Corona, por ejemplo. Un planteamiento «chocante» por parte de quienes «se apresuraron a denunciar ante la Fiscalía el apaleamiento, en fin de año, de un muñeco asimilado con el propio Sánchez, frente a la madrileña sede del PSOE en Ferraz», denuncian expertos juristas consultados por El Debate.