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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su comparecencia en el Congreso este miércolesEFE

Las incongruencias de Sánchez que delatan la verdad sobre su plan de «regeneración democrática»

Han pasado casi tres meses de aquel «punto y aparte» que anunció Pedro Sánchez cuando comunicó que seguía como presidente del Gobierno «con más fuerza si cabe». Lo hacía después del período de reflexión que se había tomado tras la apertura de diligencias a su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En aquella comparecencia, críptica, en Moncloa, lanzó varios mensajes que dejaban entrever un plan de medidas inminente, cuando señaló que asumía su compromiso de «trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de nuestra democracia» y llamó a «una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración». «Pongamos fin a este fango», expresó. Y desde entonces no ha cesado de clamar contra «la máquina del fango» y los «bulos» que esta vendría a difundir, y de señalar a los que califica como «pseudomedios digitales».

Finalmente, este miércoles, el presidente del Gobierno empezó a concretar el plan con el que pretende de alguna manera controlar a los medios no afines, desgranando algunas medidas, aunque sin especificar. Habló así de la necesidad que hay, a su juicio, de limitar la financiación de los medios, y también de «reforzar» los derechos al honor y a la rectificación.

Lo expuso partiendo de la ley de libertad de medios que se aprobó en abril en el Parlamento Europeo, argumentando que lo que pretende el Gobierno es trasponer esta normativa europea a nuestro país. No obstante, la primera incongruencia sería que, puesto que es una norma que emana de la Eurocámara, una vez entra en vigor -en 2025-, automáticamente se aplica a nivel nacional.

La pretensión del Ejecutivo de Sánchez de convertirse en adalid de la lucha contra los «bulos» y las mentiras contrasta con su trayectoria política de los últimos años, pues -parafraseando al presidente- haciendo «de la necesidad virtud», acumula varios «cambios de opinión» o contradicciones políticas de gran calado. Para empezar, ha pactado con todos aquellos con los que negó que iba a pactar en numerosas ocasiones, desde Podemos a Bildu.

Además, ha asumido como propios los indultos, la supresión del delito de sedición o la amnistía, otrora también tachada por los socialistas como inconstitucional y hoy defendida por Ferraz como llave para una nueva etapa de «convivencia» en Cataluña.

Por otra parte, choca también con esa pretensión de ser el paladín de los medios el hecho de que asiduamente concede entrevistas a los que son afines, mientras que en estos seis años de mandato, a los medios críticos solo lo ha hecho en contadas ocasiones, como las que concedió en precampaña para las generales del 23-J. Además, como ha venido denunciando este periódico, ha sido en Sánchez una práctica frecuente el hecho de no ofrecer ruedas de prensa con preguntas -en su primera comparecencia tras el periodo de reflexión no hubo medios-, o permitir solo preguntas de medios afines, como sucedió, por ejemplo, en los últimos balances de fin de año.

Del mismo modo, llama la atención que Pedro Sánchez afirme que quiere acabar con los «bulos» que difunden medios de «marcada orientación derechista y ultraderechista» -como así expresó en su primera carta a la ciudadanía aludiendo a las informaciones publicadas sobre su mujer- cuando su Gobierno se ha hecho eco de alguna que no era cierta y que además no provenían de medios críticos.

Como por ejemplo aquella publicada en Infolibre que señalaba que Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, había concedido una subvención a la empresa Sargadelos, para la que trabajaba su mujer, de 114.000 euros. Una noticia que el diario acabó rectificando poco después, y sin embargo, desde el Ejecutivo la utilizaron para cargar contra el líder del PP y exigirle explicaciones. O el ejemplo de este mismo miércoles, cuando Sánchez acusó a Feijóo de haber censurado el libro Fariña por contar supuestos «vínculos del narcotráfico» con el PP de Galicia, y poco tiempo después el autor del libro lo desmintió.