Tribunales
La acusación Manos Limpias anuncia que ampliará su denuncia contra Begoña Gómez por intrusismo profesional
El portavoz del sindicato, Miquel Bernard, ha avanzado que sumará este presunto nuevo delito a la instrucción penal que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, estaba citada a declarar como investigada, este viernes, por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por el sindicato Manos Limpias.
Sin embargo, y pese a haberse negado a declarar ante el titular del mismo, el juez Juan Carlos Peinado, por segunda vez, Gómez tendrá que defenderse, desde ahora, de la sombra de un ilícito más ya que, el portavoz de la entidad Miguel Bernard ha avanzado que ampliarán el escrito inicial para sumar el intrusismo profesional.
El origen de esta nueva línea de investigación nace de un informe presentado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esta semana, en el que no se logra explicar por qué Begoña Gómez firmó una factura y un pliego de condiciones técnicas relativas a una licitación de 60.000 euros adjudicada a Deloitte Consulting para poder realizar un software para su Máster, cuando «carece de la formación y especialización necesaria para ello».
No es la primera vez que se abre este posible capítulo, ya que el pasado día 1 de junio era el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro José de la Torre, quien instaba a la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica Informático (CONCITI) a «ejercer las acciones que correspondan» contra Gómez, por este mismo contrato y su factura correspondiente.
Cabe recordar que El Debate, reveló el modus operandi de la mujer de Pedro Sánchez en relación a esta aplicación teconológica, en la que utilizó los logos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de la Cámara de Comercio para dar apariencia oficial a los informes que redactaba en base al mismo. Una vez publicitado el software, los empresarios que contrataban la herramienta utilizaban dichos expedientes para solicitar ayudas públicas. Unas presunta irregularidades que, tras negarse a declarar hoy en el juzgado, Goméz no ha contribuido a aclarar.