La creación del máster de Begoña Gómez multiplicó un 4000% los contratos públicos de las empresas de Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración, esta misma mañana a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en calidad de investigada, por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Gómez se sentará de nuevo ante el juez, tras suspenderse su primera citación y una vez ha declarado el empresario que colaboró con ella en su máster, Juan Carlos Barrabés, quien reconoció haberse reunido en La Moncloa tanto con ella como con el presidente Pedro Sánchez.

Desde la cración del título, del que el empresario aragonés fue codirector y profesor asociado y coincidiendo, además, con las cartas de recomendación presentadas por Gómez a si favor, las empresas del grupo Barrabés multiplicaron por 400 los ingresos procedentes de concursos y adjudicaciones públicas. No en vano, mientras en el año 2018 dicha fuente de facturación era de cero euros, en el año 2021, el de la creacion del curso formativo, pasó a ser de 12 millones de euros. según datos facilitados al magistrado instructor por la Unidad de Delincuencia Econcómica (UCO) de la Guardia Civil.

También contestarán hoy al magistrado, pero como testigos, el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Y ello pese a los esfuerzos de Gómez por evitarlo.

Así las cosas, Begoña Gómez tendrá que dar explicaciones al respecto de ésta y otras cuestiones, una vez que el pasado 5 de julio el juez Juan Carlos Peinado acordara suspender su comparecencia al sostener que desconocía los hechos que se le imputaban y que su defensa diera cuenta de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada en tiempo y forma.

Esta misma semana, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado su petición al juez de que la comparecencia no sea grabada en vídeo de manera que sólo se capte el sonido. En la primera ocasión, su solicitud no fue atendida por el magistrado y tras ser registrada en vídeo acabó siendo filtrada y publicada en varios medios de comunicación.

Por su parte, la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha emitido un nuevo acuerdo gubernativo endureciendo las medidas de acceso a la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla, donde está el Juzgado de Instrucción número 41, para evitar grabaciones a Begoña Gómez en los pasillos, tal y como ocurrió en pasado 5 de julio.

Además, ha vuelto a acordar que la esposa del presidente del Gobierno vuelva a acceder por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla por motivos de seguridad, algo que han recurrido ya ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dos de las acusaciones personadas en la investigación, vía recurso de alzada.

El papel de la Universidad Complutense

Las comparecencia llega además después de que se haya conocido un informe remitido por la UCM al juez en el que indica que de su investigación interna no puede concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.

No obstante, la UCM sostiene que se ha dado una falta de colaboración de «determinados intervinientes» y le indica al instructor que si él encontrara perjuicio contra la UCM se lo haga saber.

Previamente a ese informe, otro de los hitos relevantes del caso ha sido la interposición de un nuevo recurso del fiscal en el que solicita que se «delimite» la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general».

En ese recurso, el fiscal mencionaba un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los inspectores concluyen que varios contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha en la causa «se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública».

En un auto previo a que trascendiera ese informe, el juez respondía a un recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que se pedía que le detallara por qué hechos se la investigaba más allá de las tres adjudicaciones públicas de Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad de Barrabés y que está en manos de la Fiscalía Europea.

Peinado respondía a esas dudas señalando que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

Aunque el juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, sumaba que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad 'Hazte Oír'.

La relación con Barrabés, en el centro

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (...) de la compañía».

A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Los vínculos con la aerolínea Globalia

El 29 de mayo, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez en la que le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo» con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno «han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».

Hazte Oír subraya que Gómez «ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno», y ha «realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales».

Pone el foco en un «contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez». Destaca también la «relación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade «las reuniones» en las que «se presenta como esposa del presidente».

El polémico software registrado

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía.

La formación sostiene que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».

Este viernes, Begoña Gómez podrá acogerse a su derecho a no declarar, contestar solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento; es decir, Fiscalía y la acusación popular que dirige Vox en representación también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa.