Gobierno, PSOE y Fiscalía se movilizan en defensa de Sánchez tras ser citado por un juez

La fecha del 30 de julio está marcada en rojo en el calendario político español. La citación judicial para ese día del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, ha complicado considerablemente el escenario político a un Ejecutivo que atraviesa momentos de intensa incertidumbre. Hasta tal punto, que diversas fuentes apuntan a movimientos inusuales ante el Consejo de Ministros previsto para ese mismo día. De momento, el sanchismo ha decidido levantar un muro de contención en defensa del presidente. El argumentario se basa fundamentalmente en dos puntos: el primero es que se trata de una «persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha»; el segundo, que se trata de «lograr con oscuras maniobras judiciales lo que no consiguieron en las urnas».

Sánchez ha tocado a rebato en su estrategia defensiva: para empezar, la Fiscalía prevé recurrir la citación de Pedro Sánchez como testigo, según la filtración al diario El País a última hora de la tarde de este lunes. Por otra parte, fuentes del PSOE han mantenido que las últimas diligencias del juez son «absolutamente injustificadas» –apuntando incluso a una presunta «prevaricación» por parte del magistrado– y han afirmado que serán recurridas como decisiones anteriores, pero sin llegar a aclarar quién presentará un recurso. Desde el partido se ha lanzado incluso una clara advertencia al juez. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que la mujer del presidente está sufriendo «indefensión» en el caso que la investiga por varios delitos y ha sostenido que se está llevando a cabo una «causa general» contra ella, algo que no permite la legislación española. La portavoz socialista ha lanzado a continuación una meridiana advertencia: el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, se sobrepasa en sus funciones.

Además, se ha producido un «goteo» de declaraciones de ministros en apoyo del jefe del Ejecutivo, todos en la misma dirección de cuestionar las actuaciones judiciales contra Begoña Gómez. En las filas del Gobierno se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha asegurado que está «impactada con todo lo que esta aconteciendo» en torno a un procedimiento que comenzó con «una denuncia falsa», mientras que l ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que espera que el juez Peinado o esté tomando decisiones por «proyección pública».

Su compañera de Gabinete, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su estupefacción por la citación de Sánchez, ha afirmado que no tiene «más que asombro» y ha recalcado Sánchez y Gómez «van a hacer lo que tienen que hacer: defenderse». El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado que la citación a Sánchez, tiene como objetivo el «desgate mediático» del Gobierno de coalición. Lo cierto es que de unas semanas a esta parte, los ministros vienen interfiriendo en la causa judicial con declaraciones de grueso calibre. Mención especial merece el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha afirmado en la Sexta que Pedro Sánchez está sufriendo una «persecución política despiada». Sin embargo, el ministro no aclaró si el presidente declarará ni ha dado más detalles sobre si presentará un recurso tras la citación por parte del magistrado encargado de investigar a su mujer.

Debilidad parlamentaria

La citación de Sánchez coincide hoy con el test que se vivirá en el Congreso y que medirá la fragilidad parlamentaria de Sánchez. La sesión comienza con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una iniciativa que en ningún modo está garantizada, y que socios destacados como los separatistas de Junts rechazan. La reforma de la Ley de Extranjería llega al Congreso tras el 'no' del PP y el rechazo de Vox, Junts y ERC. Además se debaten los acuerdos del Gobierno por los que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para este año. la sesión servirá como termómetro para medir la estabilidad de una coalición cada vez más inquieta con la deriva del caso Begoña.

El fantasma de la repetición electoral

Mientras, el Gobierno trata de poner toda la carne en el asador de la negociación política que se está llevando a cabo en Cataluña, y de la que depende la propia estabilidad del Gobierno central. Este mismo lunes, el Gobierno anunció que abonará 1.520 millones de euros en los próximos tres años a la Generalitat de Cataluña. En concreto, 1.058 de ellos vinculados con Cercanías y 450 para I+D. El gobierno catalán recibirá esta cantidad hasta 2026 –es decir, en los próximos tres ejercicios–, que se sumarán a otros 442 millones anuales a partir de 2027. El eventual anuncio de un acuerdo, o desacuerdo, del PSC con ERC para gobernar Cataluña podría marcar el final de este mes de junio. Sea como sea, el reloj electoral está activado y lo que ocurra en Cataluña tendrá una gran repercusión en la escena política nacional. Si Carles Puigdemont decidiera retirar su apoyo a Sánchez, la repetición electoral estaría más cerca. Se da la circunstancia de que las encuestas, como la de Target Point publicada este lunes por El Debate, no reflejan un desgaste del PSOE pese a la acumulación de escándalos. De hecho, el PSOE aumentaría su representación con entre 5 y 7 diputados. En un escenario de fragmentación de la derecha, no es descartable la posibilidad de un adelanto como válvula de escape del sanchismo.