'Habeas corpus', el derecho al que podría acogerse Puigdemont si es detenido para no ir a prisión
Sobre el expresidente catalán fugado pesa una orden de detención al pisar suelo español. En estos momentos, se encuentra en paradero desconocido, después de haber pronunciado un mitin ante sus seguidores
Carles Puigdemont está en Barcelona, si no ha huido, aunque los agentes policiales no le localizan. El expresidente catalán fugado de la justicia, ha regresado a España para participar en el debate de investidura de Salvador Illa, que transcurre en el Parlament con la ausencia de Puigdemont, en cuyo escaño hay un lazo amarillo. Sobre él pesa una orden de detención por huir y no cumplir su condena por delitos de desobediencia y malversación.
El líder de Junts, que ha pronunciado un mitin ante sus seguidores y después ha desaparecido, podría acogerse al derecho al Habeas Corpus. Esta figura jurídica, tal y como recoge la Ley Orgánica 6/1984que regula su procedimiento, pretende «establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales».
Según explica la norma, mediante este procedimiento se podrá obtener la puesta a disposición de la autoridad judicial competente «inmediata». ¿Quiénes pueden considerarse personas detenidas ilegalmente? Esta ley recoge cuatro supuestos: las que sean detenidos por un agente de la autoridad, funcionario público o particular «sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes»; las que estén «ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar»; las que lo estuvieran «por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención»; y a las que se haya privado de libertad y no se les respete los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan al detenido.
Puigdemont podría solicitarlo si le detienen sosteniendo que no hay motivos suficientes para justificar su detención, y que esta es ilegal. Una vez se hiciera la solicitud, el juez examinaría si concurren los requisitos que permitirían acogerse a este derecho y lo trasladaría a la Fiscalía. Decidiría si aplicarlo o denegar la solicitud. Si no lo aceptara, Puigdemont podría presentar un recurso de amparo ante el TC. Cabe recordar que el juez Pablo Llarena, en un auto dictado a principios de julio, rechazaba amnistiar la malversación y mantenía vigente la orden de detención que pesa sobre Puigdemont desde hace siete años.