Interior reconoce que solo activó «recursos extraordinarios» en las fronteras una vez que Puigdemont se fugó

Hasta con el informe solicitado por el juez Llarena al Ministerio del Interior, el Gobierno de Pedro Sánchez trata de exculparse de cualquier responsabilidad en la aparición y desaparición del expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, el pasado jueves 8 de agosto. Pero, al menos, sí que reconoce que «no realizaron operativos paralelos específicos para garantizar la detención de Puigdemont» hasta que se constató la fuga del huido. Es entonces cuando «se activaron recursos operativos y de inteligencia extraordinarios» de Guardia Civil y Policía Nacional.

El informe remitido por el departamento de Marlaska al Tribunal Supremo, asegura que «los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles de en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona».

Sin embargo, «en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont».

Interior responsabiliza al Tratado de la Unión Europea de no haber podido localizar al prófugo. "El artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores que, según el código de fronteras Schengen, han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de personas, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin embargo, en ningún momento del informe, Interior niega que tuviera información sobre la localización de Puigdemont. Es más, afirma que esas limitaciones del Tratado de la Unión Europea y del espacio Schengen dificultan que «que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento».

Interior asegura que ofreció al Gobierno catalán cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de la Guardia Civil que precisase, «sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia», por lo que «no realizaron operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura en el Parlament y la detención, en el marco de dicho servicio ad hoc, de Puigdemont en los alrededores, a la entrada o dentro de dicha sede parlamentaria».

Recursos extraordinarios

Sin embargo, Interior asegura que sí se activaron «recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos» una vez conocida la fuga de Puigdemont.

«Así, y con los recursos disponibles, se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos d'Esquadra. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto».