Anticorrupción advierte a la Abogacía del Estado que puede incurrir en incompatibilidad en el caso PSOE

La Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto a que la Abogacía del Estado ejerza la defensa del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, en la causa que lleva la Audiencia Nacional por la adjudicación de un serie de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia, una parte del caso PSOE que encabeza el que fuera asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García.

Sin embargo, sí que le ha advertido de que puede entrar en «posible incompatibilidad» si le decide ejercer la acusación ante un «eventual delito contra la Hacienda Pública».

Preguntada por el instructor

Consultada por el juez Ismael Moreno, la Fiscalía Anticorrupción consideró que «no existe óbice procesal alguno» para rechazar la personación de la Abogacía del Estado en defensa del alto cargo del Ministerio que dirige Óscar Puente.

Tres días después, el pasado 12 de agosto, en un informe al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que el pasado 23 de mayo el ministerio público solicitó dirigirse a la Administración Tributaria para que paralizase una serie de expedientes inspectores en el marco de esta investigación.

Y en este sentido apunta que, aunque hasta el momento la Abogacía del Estado no ha pedido personarse «como acusación particular ante el eventual delito contra la Hacienda Pública», decide «dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos».

Citado a declarar el día 9

El subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, que está citado a declarar el próximo 9 de septiembre, fue imputado recientemente a petición de Anticorrupción junto a otro alto cargo -el director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda- y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.

La Fiscalía pidió las imputaciones tras un informe de la Guardia Civil, del que interpretaba que los tres nuevos investigados ejercieron «ciertas presiones» sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.

Dicha conducta podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, sostenía el fiscal, que mencionaba correos en los que el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, «parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores»