Una resolución obliga a Sánchez a revelar si conoció la trama de Koldo dos años antes de estallar

¿Lo supo y miró para otro lado? Sánchez no tiene escapatoria. El presidente del Gobierno, preocupado ahora por la regeneración democrática y la transparencia en medio de los escándalos que rodean a su entorno familiar, deberá cumplir con lo que pregona desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Y es que, según ha podido constatar El Debate, ha recibido en La Moncloa una resolución ejecutiva del Consejo de Transparencia, la máxima Autoridad Administrativa de la Administración General del Estado, que le obliga a explicar desde cuándo conocía la trama Koldo y qué documentos fueron puestos a su disposición alertándolo de la posible corrupción «llevada a cabo por el exasesor del Ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García».

Se trata de la causa investigada por el presunto cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas en la pandemia a distintas Administraciones Públicas dirigidas por el PSOE y que tiene su epicentro en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos.

Sánchez se vanaglorió de haber actuado nada más trascender el escándalo, pero existen fundadas sospechas de que conocía los hechos desde mucho tiempo antes y no hizo nada: destituyó a José Luis Ábalos sin dar explicaciones, le rescató luego como diputado y no consta que hiciera caso alguno a las denuncias sobre la trama presentadas por escrito en la mismísima Moncloa.

Así, el abogado Ramiro Grau aseguró el pasado mes de febrero que mandó seis escritos a La Moncloa alertando sobre la presunta trama de en los que intentaba avisar a Presidencia de que la empresa Soluciones de Gestión, a la que se adjudicaron los contratos millonarios, «no tenía ninguna actividad» y que en 2019 había «facturado cero euros» y pese a ello había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes. Pero jamás obtuvo respuesta.

¿Dos años mirando para otro lado?

Las fechas son importantes porque demostrarían que Sánchez pudo haber conocido ya en 2020 el posible caso de corrupción, cuando recibió esas denuncias escritas y selladas en la sede de la Presidencia, y no hizo nada. Al contrario, nada se movió hasta finales de febrero de 2023, y solo después de la actuación de la Guardia Civil saldada con la detención del fiel escudero de Ábalos, en su día custodio de los avales de Sánchez en las Primarias del PSOE, y de otros miembros de la trama.

Por ello, que Moncloa resulte obligada a desvelar si tales cartas se hallan en algún cajón de Moncloa podría ser una prueba evidente de que Sánchez conocía la trama y que no hizo nada al respecto, hasta que todo saltó por los aires con la llamada Operación Delorme, que supuso la detención de 20 personas acusadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre ellas la mano derecha del que fuera todopoderoso ministro de Sánchez.

Sánchez pudo conocer la trama de Koldo dos años antes de que actuara la Guardia Civil y en ese tiempo se mantuvo Ábalos de diputado en su grupo

Precisamente ahora, el pasado 10 de julio, el Consejo de Transparencia ha emitido la resolución 785/2024, que obra en poder de El Debate, en el que obliga a Presidencia a facilitar a este periódico «los escritos remitidos por el abogado Ramiro Grau a Presidencia del Gobierno alertando al Presidente del Gobierno de la trama de corrupción llevada a cabo por el exasesor del Ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia».

Pero aquí no acaba el tema, porque a instancias de la investigación llevada a cabo por este periódico, Moncloa deberá igualmente hacer entrega de «cualquier otro documento conteniendo otra información denunciando los hechos actualmente investigados en relación a la trama Koldo Aguirre y José Luis Ábalos», según recoge el fallo de la resolución que ampara a El Debate.

Así, Presidencia del Gobierno tendrá que facilitar todo tipo de documento que tenga en su poder al respecto, sea de la naturaleza que sea, lo que incluiría cualquier informe del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil o de la Policía, o incluso los elaborados para la fiscalización de los contratos.

Estos documentos servirán para arrojar luz sobre el momento exacto en el que Pedro Sánchez estuvo al corriente del caso y comprobar cuáles fueron sus decisiones al respecto, ayudando también a entender si el cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes obedeció únicamente a razones políticas o si detrás de él se escondía el miedo del presidente a que todo saltase por los aires.

Sin embargo, Moncloa ha hecho todo lo posible para esconder el asunto, ya que ha querido pronunciarse por escrito sobre uno de los casos de corrupción que acechan al Gobierno. De hecho, no envió la documentación solicitada en tiempo y forma, al tiempo que ignoró todos los requerimientos del CTBG, algo habitual por otro lado.

Según declaraciones de los abogados que han llevado la defensa jurídica de este asunto ante Presidencia del Gobierno, «no es la primera vez, ni creemos que será la última, donde por desgracia el Gobierno desobedece las resoluciones firmes que no le favorecen. Ya hay varios miembros del Gobierno demandados en los tribunales por ello», declara Julio R. Naranjo, Socio Director General de ITCD, firma especializada en derecho de acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno.

Una actitud que Moncloa ha reiterado en numerosas ocasiones y que evidencia que las palabras de Sánchez en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles no son más que simple ‘postureo’, ya que mientras presenta un «plan para la regeneración democrática» que, según el presidente, se basa en la idea de «facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos, dotando a nuestra democracia de más transparencia y de más rendición de cuentas», él se mantiene en un búnker evitando dar respuesta a preguntas clave sobre los escándalos de presunta corrupción que le rodean.

De hecho, fue el propio CTBG el que reprochó a Sánchez en su escrito que no puede hurtar el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como el derecho de acceso a la información pública, como ha ocurrido en este caso al no responder a sus requerimientos.

Además, mientras Sánchez habla de regeneración democrática, de Gobierno abierto y de rendición de cuentas, su hermano está siendo investigado y su esposa ha tenido que sentarse en el juzgado investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es más, ella tampoco ha rendido cuentas, pues se ha negado a contestar a las preguntas del juez titular del Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado.

En lugar de ello, ha llegado al juzgado por el garaje en dos ocasiones, evitando las cámaras y los focos, en coche oficial y escoltada por el servicio de seguridad del que dispone por ser la esposa del presidente, a lo que hay que añadir la restricción, con la autorización de la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, de la presencia de profesionales jurídicos y de periodistas.

Los amigos de Koldo

La figura de Koldo es relevante porque aparece relacionado, de una manera directa o indirecta, con todos los casos que cercan al propio Pedro Sánchez y en todas las polémicas más sonadas de los últimos años: desde el caso Delcy, con el encuentro en Barajas entre Ábalos y la representante de Nicolás Maduro pese a tener prohibida la entrada en espacio aéreo europeo; hasta el rescate de Air Europa, con la participación del mismo intermediario, Víctor de Aldama, con el que Begoña Gómez se reunió en varias ocasiones. La coincidencia de nombres, tramas y negocios parece cerrar un círculo de conexiones entre todos ellos que la Justicia intenta aclarar en distintas instrucciones en marcha.