El Gobierno utiliza el crimen de Mocejón para abonar su polémico «plan por la democracia»

Los bulos sobre la nacionalidad del asesino del pequeño Mateo que circularon en las horas previas a la detención del verdadero autor han abonado el terreno del Gobierno. Este martes, los socialistas comenzaron a utilizar lo sucedido en las redes sociales en torno al crimen de Mocejón para justificar y abonar el «plan de acción por la democracia» que Pedro Sánchez dejó pendiente para la vuelta del verano. Pero cuyas líneas maestras empezó a esbozar en su última comparecencia ante el Congreso, el pasado 17 de julio.

Allí, el presidente sostuvo: «La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse, no de las ideas distintas ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ello, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelar la democracia enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario». Y anunció que el Ejecutivo de coalición iniciaría a una ronde de contactos con los grupos parlamentarios para que todos contribuyan a la tarea de «proteger y fortalecer nuestra democracia».

El mensaje más significativo fue el lanzado ayer por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Puesto que es precisamente Félix Bolaños quien se está encargando de hilvanar un plan gubernamental que, según Sánchez, solo pretende «fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro ecosistema informativo». Aunque la oposición cree que es más bien una caza de brujas contra los medios críticos.

Bolaños difundió en la red X un editorial de la SER al respecto de los bulos que acompañó con el siguiente comentario: «Una reflexión muy interesante sobre un asunto con el que nos jugamos mucho como sociedad y como democracia: combatir los bulos y el acoso en redes. Especialmente preocupante por el doble sufrimiento que provocan. Todo mi cariño a la familia de Mateo».

Apenas una hora antes, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha había cargado contra los «sembradores de odio», en palabras de Milagros Tolón. Ello se sustanció luego en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía por determinados mensajes de odio contra los menores migrantes; «con el propósito deliberado de despertar entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra los mismos», según el ministerio público.

Desde Andalucía, el socialista Juan Espadas abogó por habilitar herramientas de verificación en las redes sociales con «urgencia». Y las Juventudes Socialistas colgaron un mensaje haciendo un llamamiento para ponerse a la tarea cuanto antes: «Debemos combatir con firmeza los bulos y el acoso, están en juego nuestra sociedad y democracia. Todo nuestro apoyo a la familia».

La diputada socialista Adriana Maldonado escribió: «La extrema derecha de este país ha decidido encender la máquina de bulos este verano para crear una España racista y con miedo al diferente. Debemos parar las mentiras y los bulos. No permitamos que nos manipulen». Y, en medio del río revuelto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, sacó a colación al PP y lo acusó de «pasarse al lado oscuro, asumiendo y copiando el discurso xenófobo de la ultraderecha».

Los planes de Sánchez

Desde que Sánchez volvió de su retiro de cinco días y anunció un «punto y aparte» como respuesta al caso Begoña, las medidas que prepara para «fortalecer» la democracia –según él– han sido un foco de polémica. El presidente y su partido llevan meses esgrimiendo que no pretenden hacer más que seguir la senda marcada por la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor a principios de mayo y es de obligado cumplimiento para los países miembro. Pero la oposición no se lo cree.

De entrada, el líder del Ejecutivo está decidido a promover la reforma de dos leyes orgánicas y una ley ordinaria ondeando la bandera de la lucha contra la desinformación y los bulos y la defensa de la prensa seria. Se trata de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación (ambas son de los años 80) y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su comparecencia de julio en el Congreso, el presidente anunció otras dos vías de acción. Por un lado, una nueva ley de Administración pública abierta, de manera que el Gobierno tenga la obligación de ser más transparente. Una declaración de intenciones que, sin embargo, choca con los constantes requerimientos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene haciendo al Ejecutivo por incumplir sus resoluciones de forma habitual.

Por otro lado, una reforma de la ley electoral con dos fines: establecer la obligatoriedad de los debates electorales en los medios de comunicación y exigir a las empresas demoscópicas que incorporen a sus encuestas los microdatos y la metodología de estimación de los resultados.

No obstante, el Gobierno y sus socios dejaron todo para el nuevo curso. En paralelo, a principios de julio, los socialistas pusieron en marcha la fundación Avanza, que definieron como un «laboratorio de ideas que pretende ser referente para el partido con el objetivo de combatir el discurso de la ultraderecha y los bulos».