El Gobierno de los relatos no encuentra cómo defender los privilegios para Cataluña

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, negó este miércoles que el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa –con el plácet de la Moncloa– equivalga a la creación de un concierto económico. A pesar de que la literalidad del documento rubricado por los socialistas catalanes y los republicanos el 8 de agosto compromete a Pedro Sánchez a «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal».

Hace más de dos meses que Pedro Sánchez concedió una entrevista a La Vanguardia en la que por primera vez sostuvo que es posible soplar y sorber al mismo tiempo; que es compatible «mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio (Cataluña)», aseguró. Aquello fue la pista de despegue del pacto con ERC y la investidura de Illa.

Pero, desde entonces, el Ejecutivo se encuentra atrapado en las arenas movedizas de la financiación autonómica; incapaz de articular un argumentario que avale su teoría de que es posible privilegiar a Cataluña sin agraviar el resto de las comunidades. «Entendemos las declaraciones de la vicepresidenta Montero en un contexto de presión por parte del resto de comunidades autónomas y partidos políticos, pero sabe perfectamente qué es lo que se firmó: el concierto económico, aunque no quiera llamarlo así», replicó por la tarde Esquerra a través de su portavoz. Ésta, Raquel Sans, fue taxativa: si Sánchez no cumple, que no cuente con ERC para aprobar los Presupuestos Generales de 2025.

El Gobierno va perdiendo la batalla política de la «financiación singular» de Cataluña, y lo sabe. Por un lado, porque el PP y las comunidades donde los populares gobiernan están siendo un martillo percutor en su denuncia de la desigualdad territorial; por más que desde la Moncloa estén contando que tarde o temprano el frente autonómico único del PP se romperá (divide y vencerás). Pero, por el otro lado, también por las dudas, temblores y contradicciones que la «financiación singular» para Cataluña ha generado en todas las federaciones del PSOE.

Los presidentes socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón han sido claros al respecto. «Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común», señaló el asturiano a principios de agosto. Los líderes del PSOE en las comunidades donde no gobierna están intentando mantener la obediencia a Ferraz y las filas prietas, pero a costa de sufrir el desgaste en carne propia. Especialmente el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, para el que este debate está siendo el colmo de los males de su liderazgo.

La semana pasada, la líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana, la también ministra Diana Morat, llegó a defender que el acuerdo de Cataluña sería «bueno» para el resto de España. Sin embargo, no explicó por qué ni cómo. Los barones territoriales no han recibido información ni argumentario porque el Gobierno no puede dárselo: no lo tiene.

De momento, el Ejecutivo trata de ganar tiempo, en una estrategia de dilación, rodeos e inconcreciones que no es la primera vez que despliega y que presumiblemente durará semanas, meses. En 2022 lo hizo con la derogación del delito de sedición del Código Penal y la rebaja del de malversación: primero no se iba a suprimir la sedición, después el delito se cambió por otro de desórdenes públicos agravados, más tarde la malversación no iba a tocarse, después sí se tocó –y mucho–… En 2023 repitió modus operandi con la ley de amnistía: primero hecha, después remendada y, en última instancia, rehecha bajo la supervisión del abogado de Carles Puigdemont.

Y ahora, como en ambos casos anteriores, lo primero contra lo que tiene que luchar el Gobierno es su propia hemeroteca. Sin ir más lejos, el pasado 23 de abril el grupo parlamentario socialista en el Congreso votó en contra de acordar una «financiación singular» para Cataluña por no ser «justa». Una iniciativa que partió de ERC y que el PSOE calificó de «electoralismo» porque fue debatida en vísperas del arranque oficial de la campaña de las elecciones catalanas. Solo han pasado cuatro meses.

Sánchez sabe que, a la vuelta de sus vacaciones en Lanzarote, le espera el Tourmalet del concierto catalán, decida como decida finalmente llamarlo. Hasta allí, hasta la isla, fue a verlo el fin de semana pasado Illa para empezar a diseñar el ascenso. El resto del partido está a la expectativa.