Sánchez se saltó la ley para esquivar el conflicto de intereses por los negocios de Begoña Gómez

La Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) reconoce por primera vez, en un documento oficial al que ha accedido El Debate, que Pedro Sánchez se saltó la ley y nunca le consultó la posibilidad de que estuviera incurriendo en incompatibilidades o conflictos de intereses por hacer de La Moncloa la base de operaciones de las actividades privadas y profesionales de su mujer y adoptar decisiones desde el Gobierno que beneficiaron a socios o clientes Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El escrito, fechado el pasado 12 de agosto, tiene la firma personal de la directora de la OCI, Flora María López Laguna, y pese a la dependencia jerárquica de la entidad con respecto al Gobierno y en concreto al Ministerio de la Función Pública, encabezado por José Luis Escrivá, no le queda más remedio que reconocer la inexistencia de todo tipo de consulta de Sánchez sobre el conflicto de intereses en que hubiera podido incurrir por su propia participación como presidente en decisiones incompatibles con su cargo en relación a los negocios de su mujer y que ahora investiga el juez Peinado, resultando investigada Begoña Gómez por diversos delitos, entre ellos el de tráfico de influencias.

A la pregunta concreta de si la OCI estaba en posesión de «comunicaciones del Presidente del Gobierno a la Oficina de Conflictos poniendo en conocimiento de la misma la existencia de un presumible conflicto de intereses entre determinadas decisiones a adoptar como presidente del Gobierno con las actividades profesionales de su cónyuge y de las resoluciones adoptadas por la Oficina de Conflictos al tomar conocimiento de ello», la respuesta de López Laguna es elocuente: nunca recibió «ninguna comunicación del Presidente del Gobierno en el sentido descrito (…) ni, por lo tanto, ha adoptado ninguna resolución al respecto».

El PSOE ha intentado durante semanas desviar la atención sobre este asunto crucial argumentando que Begoña Gómez no formaba parte de empresas rescatadas por el Gobierno, como Globalia, o adjudicatarias de millonarios contratos, caso del grupo Barrabés. O recalcando la obviedad de que la esposa de Sánchez no es alto cargo del Ejecutivo.

Lo que no ha querido aclarar es la actitud del propio Sánchez, obligado por la ley a cumplimentar una larga lista de requisitos antes de aprobar desde el Consejo de Ministros resoluciones en beneficio indirecto, según la instrucción judicial del caso, de su mujer.

Las sospechas sobre el inusual comportamiento del presidente del Gobierno en decisiones beneficiosas para el entorno de Begoña Gómez, que ni siquiera puso en conocimiento de la OCI como ahora se demuestra, están detrás de la denuncia interpuesta por el PP ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una causa administrativa que deberá dirimir si Sánchez cometió una irregularidad al no inhibirse en el rescate de la aerolínea Air Europa.

Sánchez estaba obligado como alto cargo a consultar si incurría en conflicto de intereses, pero ignoró ese mandato

Una empresa que, según ha declarado en las últimas horas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «tenía contactos con su familia» y probablemente «vínculos de naturaleza económica y profesional», como sugieren los encuentros de Begoña Gómez con el presidente de la compañía, Javier Hidalgo.

En este punto cabe recalcarse la cadena de relaciones entre la cátedra de la esposa del presidente, la empresa rescatada, su filial Wakalua, la Organización Mundial de Turismo y de nuevo Barrabés, propietario de hasta diez sociedades registradas en la misma dirección que el patrocinador de Gómez, una filial de la rescatada Globalia.

Sánchez incumplió

La huella de relaciones de Gómez desde su cátedra es tan alargada como la laxitud de Sánchez para frenarla, inhibirse o al menos hacer las consultas legales oportunas sobre su conveniencia. No lo hizo en la OCI, que hubiera sido receptora incluso de una declaración de bienes, intereses y patrimonio de Begoña Gómez si el presidente del Gobierno hubiese cumplido la recomendación de hacerlo expresada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

El organismo, dependiente del Consejo Europeo, llegó a proponer en su evaluación periódica y para el caso concreto español relativo a los altos cargos, «ampliar el alcance de los requisitos de publicación de la información financiera para incluir información desglosada/detallada sobre activos, intereses, empleo complementario y pasivos; y considerar la posibilidad de acortar los plazos de presentación y publicación de informes e incluir información sobre los cónyuges y los familiares a su cargo».

Un gesto voluntario que Sánchez ha desechado, con la misma indiferencia que en otros apartados en los que ese margen discrecional no existe dado que la ley es imperativa. Así lo recoge la Ley 3/2015 de 30 de marzo, regulatoria de las obligaciones de los altos cargos como el propio Sánchez y de la labor de la OCI en casos de posible conflicto de intereses.

El líder del PSOE pudo consultar a la OCI en cualquier momento y está afectado por una ley que incluye a su cónyuge

Según recoge el apartado segundo del artículo 11 de la misma, existe conflicto de intereses cuando «la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos».

Aún más, precisa con claridad un caso genérico que parece redactado para el matrimonio de Sánchez y Gómez al definir qué se consideran intereses: «Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad».

En todos esos casos, la OCI dispone de un «sistema de alerta para la detección temprana de conflictos» que no puso en marcha y Sánchez no quiso activar, pese a que la misma legislación que le obliga a entender sus límites como presidente cuando puedan converger con los intereses de su mujer le faculta para hacer consultas, en cualquier momento, que tampoco hizo, según los documentos en propiedad de El Debate.

«El alto cargo podrá formular en cualquier momento a la Oficina de Conflictos de Intereses cuantas consultas estime necesarias sobre la procedencia de abstenerse en asuntos concretos», algo que Sánchez despreció pese a las evidentes conexiones de Begoña Gómez con instituciones públicas como la Universidad Complutense y con empresas rescatadas o contratadas por el Gobierno de su marido.

La OCI, por su parte, también podría haber actuado preventivamente de haber sido consultada o por iniciativa propia, pero solo lo hizo cuando el caso estalló para defender a Begoña Gómez y rechazar la existencia de conflicto en Pedro Sánchez, pese a que la ley es rotunda en el sentido opuesto y define con nitidez el irregular comportamiento del presidente.

«La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con la información suministrada por el alto cargo en su declaración de actividades y, en su caso, la que pueda serle requerida, le informará de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo», llega a afirmar la legislación.

Siempre con Begoña

La cadena de silencios, complicidades y pasividad de Sánchez hacia su esposa es casi infinita: conoció y consintió que Gómez citara en La Moncloa al rector de la Universidad Complutense para negociar la creación de su cátedra; alabó públicamente a las empresas de Barrabés y las convirtió en adjudicataria millonaria del Gobierno tras asociarse a su mujer; impulsó el millonario rescate de Globalia mientras una sucursal suya colaboraba con ella y se negó a acudir a la OCI para recibir indicaciones sobre su proceder.

La protección de Sánchez a Gómez se evidencia también un documento obtenido por El Debate en el que, por primera vez, la Presidencia se negó a aclarar si su esposa se sirve de recursos públicos para desarrollar sus actividades privadas.

La afectada llegó a deslizar en 2018, a través de El País, que tenía pensado abandonar sus labores profesionales al llegar su marido a presidente para no incurrir, precisamente, en conflicto de intereses.

Después de aquella filtración, en realidad sucedió todo lo contrario: su actividad se desarrolló como nunca, con Sánchez siempre a la vera y sin ninguna intención de aplicarse a sí mismo la ley de altos cargos ni de consultarle a la instancia oportuna cómo debía actuar.