Anatomía de un campamento con 1.400 inmigrantes a 50 metros de mi casa

Vivo al lado de uno de los dos campos de refugiados, pues eso parecen con sus altos muros y materiales metálicos tan confortables como un lecho de espinas, improvisados por el Gobierno de España en la Comunidad de Madrid para liberar a Canarias de la presión migratoria y, probablemente, garantizarse el respaldo parlamentario del único diputado de la Coalición veleta de las Islas.

Todo ello a capón, con la mezcla de caos y oscurantismo que caracteriza a Pedro Sánchez, resumido en sus anuncios contradictorios en su gira africana: lo mismo anuncia la regularización de 250.000 inmigrantes que defiende la deportación de los irregulares, un mensaje que si lo dicen el PP o VOX son xenófobos e inhumanos pero si lo pronuncia el PSOE es gracias al estadista que lo encabeza.

En realidad, la Unión Europea adoptó el pasado mes de abril una política muy dura contra la inmigración irregular, la que impulsa ya incluso al canciller alemán Scholz a anunciar deportaciones en masa.

A escasos 50 metros de mi casa, en un cuartel de la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares, metieron a cerca de 1.400 personas procedentes del África subsahariana y del Magreb, que salen cada día a la calle a las 10 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche de tope, con retornos opcionales a la hora de comer y prohibición expresa de trasnochar, aunque muchos se quedan durmiendo bajo las estrellas en el parque contiguo.

Esa cifra se mantiene, pero los usuarios van rotando: llegan periódicamente autobuses cargados con quienes acaban de bajarse de un avión fletado en Canarias, y sustituyen a quienes se marcharon voluntariamente, a Madrid, el Levante o Francia, sin otro control ni misión que la certeza de que su catre se ha quedado vacío.

Dos son las conclusiones preliminares tras convivir de algún modo con ellos, hablar a menudo con unos cuantos y trabar cierta amistad con alguno de los coordinadores del campamento: salvo ocasionales incidentes, no ha subido la inseguridad en el barrio y no es cierto que los robos o las agresiones sexuales se hayan disparado.

El miedo y la desconfianza sí han crecido, impulsados en parte por el prejuicio a lo desconocido y, en parte, por las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y el INE, demostrativas de que la tasa de delincuencia entre los extranjeros en situación irregular es muy superior a la nacional. Es un dato, no una opinión.

Pero es, desde luego, mucho más peligrosa la presencia de ñetas o trinitarios, agrupados en tribus urbanas con poco control y mucha actividad, que la de chavales de Senegal, Mauritania o incluso Argelia, Túnez o Marruecos, con peor fama que los subsaharianos, que vienen mayoritariamente a intentar trabajar y, los más ingenuos, a fichar por un equipo de fútbol de campanillas. El daño de Tik tok.

La segunda conclusión es que no existe un plan para ellos y que, tras auxiliar a Coalición Canaria, el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer y las ONG que gestionan los asentamientos, con jóvenes monitores temporales y facturando millonadas, tampoco: básicamente los traen, como a los MENAS, les dan un triste techo, una horrible comida y algo de dinero (se dice que diez euros diarios, aunque la cifra oscila según la fuente) y ahí acaba la historia.

Esto provoca una situación sorprendente: cientos de jóvenes pasean durante horas sin rumbo ni objetivo, a hacer tiempo hasta la comida o la cena, mezclados pero no revueltos con sus vecinos, sin posibilidades de trabajar por la falta de papeles: solo podrían hacerlo si las empresas contratantes se encargaran de un laborioso papeleo inviable para el tallercito, el almacén o la nave donde quizá pudieran requerir sus servicios.

O si funcionara bien la contratación en origen descubierta de repente por el Gobierno, muy solicitada en los sectores de la construcción y el campo pero muy torpedeada por la tediosa burocracia española.

No consta que la ONG, ni nadie en el Gobierno, se encargue de ese papeleo y las consecuencias son éstas: chicos en edad de trabajar o estudiar, la mayoría muy altos y fuertes, se pasean por las calles con el dinero para tabaco, ropa o bebida que probablemente no tengan en el bolsillo los hijos de quienes financian con sus impuestos esa paga, modesta para mantener una vida, suficiente para cubrir algunos caprichos y necesidades cotidianas.

Van bien vestidos, todos llevan un móvil que usan para hablar con sus familias o amigos, tienen gusto por la moda y las marcas deportivas y son agradables y simpáticos por lo general: están deseando que les digas «hola» y, si te paras a hablar con ellos, se comunican con agrado y te cuentan con chapurreos en inglés, francés o español de dónde vienen, cómo vinieron y qué buscaban. O preguntan dónde venden la cerveza y el tabaco más baratos. Cosas de chavales, que es lo que son: no hay mujeres, no hay adultos, no hay ancianos y no hay niños.

Muchos llegaron en un barco fletado por una «empresa», es decir, por una mafia, tras pagar una cantidad que reunieron con esfuerzo familiar y la esperanza de que, al llegar Europa, pudieran compensar ese gasto con envíos rápidos de dinero logrado trabajando.

No es verdad que mayoritariamente salgan de Senegal en cayuco, por ejemplo: ninguna embarcación de esas características puede recorrer fácilmente las cerca de mil millas náuticas mediantes con cincuenta personas y al menos 5.000 litros de combustible.

Quienes lo intentan en esas condiciones, no llegan en su mayoría: mueren en el trayecto, lo que explica el dramático incremento de la mortalidad en la zona, en contraste con el apogeo del negocio del traslado de inmigrantes, con la estúpida colaboración de las autoridades españolas y europeas.

En 2023 fallecieron en la llamada frontera sur de Europa, en las rutas de acceso del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, 3.997 personas, según los datos de ACCEM, una de las ONG más reputadas en la gestión del fenómeno migratorio. El «efecto llamada» mata, es un hecho.

El caos es la palabra que resume la política migratoria del Gobierno, que tampoco ayuda en nada a los inmigrantes

Es la peor cifra al menos desde 2017, y coincide con el periodo de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y su reiterada improvisación para gestionar un fenómeno desbordante que él ha incentivado o no ha sabido encauzar: España ha asumido en 2023 el 20 % del total de la inmigración irregular de Europa, aunque poblacionalmente solo supone el 10 % de la Unión, con una espectacular subida del 82 % que contrasta con el caso de Italia.

Los subsaharianos que sí llegan quieren trabajar y casi nadie lo consigue, al menos de manera formal, lo que arroja una conclusión: les traen, previo desembolso a un mafioso, para llevar una vida incluso peor que en sus países, con sus familias esperando un dinero que no llega y ellos dando paseos, calle arriba y calle abajo mirando el móvil, sin otro entretenimiento que esperar a ver si hay suerte y esa noche no les ponen otra ración de arroz blanco aguado con un tomate frito viscoso por encima.

Alguno delinquirá, otros desaparecen, pero el grueso esperará en ese limbo absurdo en el que hacen y tienen menos que en sus países de origen, no todos en guerra, que pierden así a los más fuertes y preparados para intentar sacarlos adelante: no vinieron, al menos la mayoría, huyendo de conflictos y hambrunas, sino impulsados por un efecto llamada que les promete prosperidad en la Europa boyante y luego les da un catre, un plato de rancho y una vida zombi.

Éste es el paisaje que yo veo, con todas las imprecisiones que un acercamiento estrictamente personal comporta. Pero no diferirá mucho del real, que será muy parecido al que pueda hacerse con los célebres Menas, en fase de reparto por Comunidades.

La conclusión también es sencilla: ¿Para esto les traen? Si no hay un plan que responda a sus expectativas y les permita convertirse en ciudadanos útiles para su país de acogida y para sus familias de origen, como quieren desesperadamente, ¿qué hacen aquí?

Entre el buenismo inútil, que sustituye la realidad por un relato místico incompatible con los hechos, y la estigmatización preventiva, que transforma a todos en violadores y ladrones por prejuicio general frente a comportamientos ocasionales, es posible establecer una certeza.

El Gobierno los trae, para beneficio casi exclusivo de las mafias, para luego dejarlos literalmente tirados y obligar a los ciudadanos a financiar un negocio absurdo que incrementa la mortalidad de los más desfavorecidos, facilita la delincuencia de los menos decentes y frustra las esperanzas de esa abrumadora mayoría que quiere intentar llevar una vida parecida a la nuestra, de esfuerzo y recompensa.

Sánchez ha estimulado el efecto llamada, el negocio de las mafias y la mortalidad en el mar con su política irresponsable

Y ahora ya sigamos con la pantomima de que todos vienen de una guerra en una barcaza o que todos vienen a violar, dos anécdotas terribles pero residuales frente a una realidad que nadie se atreve a diagnosticar y a continuación gestionar, para beneficio de los explotadores de inmigrantes y perjuicio de ellos, en primer lugar, y de todos los demás, a continuación. En España ha subido la inmigración irregular un 82 % en el mismo periodo en el que ha descendido un 60 % en Italia.

Y ha crecido, por esta negligente gestión, un racismo a la defensiva, sustentado en un miedo con una parte racional (la clandestinidad, la miseria y ciertas «culturas» y confesiones medievales potencian la delincuencia y multiplican por cuatro la tasa «nacional» de agresiones sexuales) y otra irracional (los rumanos de menos de 25 años, perfectamente asentados, cometen menos delitos que sus coetáneos españoles).

Contener la inmigración masiva irregular y regular con altura las llegadas es un acto de humanidad infinitamente superior a abrir las fronteras descontroladamente: venir a buscar una vida mejor y encontrarse una peor, por la galopante ausencia de un plan decente, no tiene nada de positivo.

Es propio de un Gobierno que actúa como pollo sin cabeza y lo mismo recibe al Aquarius que mira para otro lado con la muerte de 23 inmigrantes en la valla de Melilla y el acceso a España de 134 negado por Marlaska hasta que las pruebas desmontaron su mentira, pero impropio de un país sensato, decente y humano. Sánchez en estado puro, capaz de creerse Giorgia Meloni y el Papa Francisco en la misma frase.