2.000 millones de coste por la inmigración con entrada ilegal

La situación administrativa de entrada ilegal de extranjeros en España está prevista en el artículo 58.3 b) de la Ley de Extranjería con la consecuencia de ordenar que se aplique la medida de devolución a su país. Son, pues, aquellos que llegan vulnerando las fronteras y evitando los controles ya sea por tierra, mar o aire. Esta situación administrativa dura desde que son interceptados hasta que son repatriados o prescriba la orden de devolución a los dos años.

Los interceptados y filiados por la policía en 2023 fueron 57.000 extranjeros extracomunitarios. Los países de origen de esta inmigración son africanos en su casi totalidad, dependiendo según los años la mayor o menor proporción de magrebíes y subsaharianos.

El estudio de costes del colectivo «con entrada ilegal» debe partir del hecho de que hasta que transcurren 2 o 3 años no pueden regularizar su situación y aportar al fisco y a la seguridad social. Por tanto, su presencia como residentes en España genera gastos pero no ingresos.

En primer lugar, debemos atribuir el gasto público español per cápita de 2023 (14.000 euros) que corresponde a los 52.000 adultos por ser usuarios y beneficiarios de la educación, la sanidad y los servicios generales de las administraciones públicas. Esto da un resultado de 728 millones de euros.

En segundo lugar, es preciso identificar los gastos particulares en 2023 en todo el proceso desde el salvamento o interceptación policial hasta la repatriación.

La empresa responsable de Salvamento Marítimo (SASEMAR) tuvo un presupuesto de 190 millones de euros. La mitad de las personas rescatadas en emergencias están relacionadas con inmigración irregular. SASEMAR tiene otras funciones como la lucha contra la contaminación marina por lo que es proporcional atribuir a salvamento de inmigrantes una cuarta parte del presupuesto, 47,5 millones.

El gasto de aviones para desplazamientos desde Canarias a la península y para las repatriaciones totalizó en 2023 19,2 millones según resulta de la suma de los contratos del Ministerio del Interior.

El Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones gestionó un crédito de 130 millones para la acción concertada para el programa de Atención Humanitaria que cubre la atención en CETIs de Ceuta y Melilla, en Centros de emergencia y derivación, en costas, en traslados y emergencias. Este programa está separado de otro específico para Asilo y apátridas de 140 millones que no es aplicable a nuestro estudio.

Los inmigrantes que deben ser objeto de devolución suponen la mitad del uso de los 7 Centros de Internamiento de extranjeros (CIEs) por lo que corresponde atribuir la mitad del coste implicado, a saber 10,4 millones: 50 % del gasto habido en raciones alimenticias, asistencia sanitaria, la subvención directa a Cruz Roja de 1,2 millones y la parte de gasto del plan de mejora y ampliación de CIEs aplicado en el año.

Asistencia jurídica

Todos los inmigrantes interceptados entrando ilegalmente reciben asistencia jurídica gratuita cuyo coste llega a los 32 millones de euros como pasamos a exponer.

Cada comunidad autónoma fija el módulo económico que se abona a los abogados del turno de oficio de extranjería aunque son semejantes. Usemos el módulo aprobado por la Comunidad Canaria: 414 euros para la defensa letrada desde la llegada a la costa, el recurso administrativo y el recurso contencioso administrativo contra la orden de devolución. Además, está el módulo de 208 euros para el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. La suma final de la defensa letrada asciende a 622 euros por cada extranjero.

Las órdenes de devolución son recurridas sistemáticamente así como las sentencias de instancia, casi todas desestimatorias. También son recurridos en apelación los miles de autos de inadmisión por falta de poder de representación de los abogados al no constar la voluntad de recurrir de los extranjeros. Por ello, el cálculo del coste de defensa jurídica se obtiene de multiplicar el número de órdenes de devolución por el módulo pagado a los abogados (622 x 52.000) resultando el total referido de 32 millones.

Junto al coste anterior se sitúa el derivado de la parte del sueldo de los miles de trabajadores y funcionarios implicados: policía, oficinas de extranjería, servicios sociales, fiscales y médicos forenses, jueces y personal de la administración de justicia. Un dato certero exigiría un cálculo de costes analítico con un esfuerzo que excede este estudio. En su lugar, usaremos una estimación por aproximación mínima estableciendo el mismo coste que el identificado para la defensa jurídica, a saber 32 millones.

También se debe tener en cuenta de modo aproximado los gastos realizados con ingresos privados y públicos por las ONGs participantes en la atención a los inmigrantes. Su cuantía la dejamos en abierto por la dificultad del sumatorio. Las principales ONGs deben la mayoría de sus recursos a subvenciones y fondos de las diferentes administraciones públicas: Cruz Roja (50 %), CEAR -Comisión española de ayuda al Refugiado (98 %), ACCEM (99 %), Servicio Jesuita a Migrantes (57 %) y Cáritas,(32 %).

En Cruz Roja destacan dos programas dedicados a extranjeros: E-Inmigrantes con 77,5 millones y K-Refugiados con 220,5 millones. Cáritas beneficia a los inmigrantes dentro del conjunto de sus programas entre los que destacan el programa de 97 millones para acogida y asistencia. En CEAR destaca el área de acogida que supone 80 millones. ACCEM, con ingresos de 140 millones actúa de manera principal en Canarias, Ceuta y Melilla en la atención a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. El Servicio Jesuita a los migrantes, con un presupuesto de 8 millones, se enfoca en la atención a los internos en los CIEs y «acompañar a aquellas personas atravesadas por la irregularidad administrativa».

A la vista de todo lo anterior, se puede estimar un gasto consolidado del colectivo de adultos en 2023 superior a los mil millones, lo que supone unos 40.000 euros por adulto.

Por otro lado se sitúa el gasto en los 13.000 menores extranjeros no acompañados (Menas) en tutela hasta cumplir los 18 años (5.000 llegados en 2023). El coste total del año por los tutelados sería de 832 millones de euros, es decir, 64.000 euros por menor.

Esta estimación deriva, de una parte, de atribuir a cada menor el gasto público español per cápita, lo que totaliza para el colectivo 182 millones. De otra parte, el coste específico para las comunidades autónomas por los tutelados alcanzaría los 650 millones de euros. Esta cifra surge de utilizar el módulo de 50.000 euros al año por menor que fue aplicado en la reunión de julio de 2024 en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para distribuir menores tutelados a otras comunidades tras la crisis de saturación de recursos en Canarias.

Reducir las cifras

Tras ver el alcance de este tipo de inmigración, corresponde reflexionar sobre la posibilidad de reducir las cifras de llegadas ilegales y las consecuencias.

En el plano de la seguridad ciudadana se ampliarían capacidades con los policías liberados de sus funciones actuales de interceptación, filiación, expedientes, CIEs y repatriaciones de extranjeros de este colectivo.

En el área social, los ahorros podrían dedicarse a incentivar la natalidad, aumentar los recursos asistenciales y las rentas de garantía de ingresos para españoles y extranjeros regularizados.

También resulta interesante proyectar lo que podrían hacerse con lo ahorrado para aumentar la cooperación al desarrollo y en actividades de formación profesional en los países de origen de los inmigrantes. En particular, sería muy eficaz financiar en los países emisores de Menas agencias de tutela de los menores repatriados que se ocuparan de su sustento y educación dentro de una propuesta global convincente y difícil de rechazar.