Una concejal de Más Madrid accedió 129 veces al expediente urbanístico del novio de Díaz Ayuso

«(...) En dicho registro consta el acceso» a los dos expedientes administrativos abiertos sobre la vivienda del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, «hasta en 129 ocasiones, de la concejal del Grupo Municipal Mas Madrid Doña Esther Gómez Morante». «Es el único acceso» a los expedientes citados a través de SIGSA, «que se podría considerar indebido toda vez que el mismo se encuentra restringido a las personas autorizadas para ello». Esto es, «empleados públicos del Distrito autorizados por el Departamento correspodiente».

Así reza, según ha podido saber en exclusiva El Debate, un informe remitido por el Ayuntamiento de Madrid a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el marco de la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada contra el Consistorio por el empresario Alberto González Amador tras la filtración, a varios medios de comunicación, de datos confidenciales relativos a las reformas realizadas en su domicilio particular.

De acuerdo con las conclusiones del dictamen enviado por el ente municipal a solicitud de la AEPD, la edil Gómez Morante habría accedido por primera vez al dossier urbanístico del piso de González Amador el 6 de abril de este mismo año y, por última, en fecha 27 de mayo de 2024, a las 15.13 horas. Un período durante el que fueron numerosas las informaciones periodísticas que se hicieron eco de las presuntas «obras ilegales».

De hecho, el mismo 27 de mayo, el diario El País, publicaba cómo una inspectora del Ayuntamiento de Madrid habría confirmado que la reforma en 2022, del inmueble donde vive la presidenta Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja, «se finalizó sin permiso», «según tres documentos municipales a los que ha tenido acceso Más Madrid y han sido vistos», reconocían sus autores, por el medio en cuestión.

Cabe recordar que, al hilo de dichas filtraciones y como adelantó El Debate en exclusiva, el pasado 14 de junio, Alberto González se dirigía por escrito a la AEPD para denunciar que mientras él mismo, como afectado e interesado directo, no había tenido acceso al contenido íntegro de los expedientes urbanísiticos del Ayuntamiento relativos a la información de su inmueble, sí habían trascendido los mismos a varios periodistas y, al menos, a las filas del PSOE y Más Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica que protege los datos de todos los particulares en España.

González y sus abogados sospechaban entonces que hubo «accesos indebidos» de miembros del organigrama municipal que, sin estar autorizados para ello, consultaron el detalle de los permisos solicitados, las actuaciones realizadas, las declaraciones responsables de demolición y obra; y, en último término, el contenido del acta de la inspección asociada al piso que el empresario comparte con su pareja, la presidenta Díaz Ayuso, para después circularlo con la intención de perjudicar la imagen pública de ésta.

Por eso, los abogados de González Amador instaron el inicio una investigación de oficio en la que, tras varios meses de averiguaciones, se ha podido rastrear e identificar a todos los autores de las consultas que ahora apuntan, al menos en el caso de la edil Gómez Morante, y según las conclusiones del informe emitido por el Ayuntamiento de la capital, a la existencia de presuntas irregularidades.