Conde-Pumpido trata de neutralizar la abstención del magistrado Campo en los recursos contra la amnistía

Pocos tienen dudas de que si el Pleno del Constitucional admite, el próximo martes, la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, en la consulta planteada por el Supremo sobre la ley de amnistía, Cándido Conde-Pumpido buscará la forma de compensar la pérdida de su voto en el bloque izquierdista, con alguna baja adicional en el sector conservador, reforzado con la reciente llegada del magistrado José María Macías.

«Recusarán a Macías para que no participe, tampoco, en las causas» contra el borrado penal del procés, apuntan a El Debate algunas fuentes próximas a la Corte de Garantías. Se trata de «neutralizar la reducción numérica» que supondría apartar a Campo del debate y en cuyo caso, ante todos los escenarios posibles, «el voto determinante» sobre la constitucionalidad de la polémica norma «recaerá» sobre Conde-Pumpido, explican las mismas fuentes.

Si la abstención sale adelante, el balance quedaría menguado hasta un 6 a 5 entre las dos alas del cónclave, siendo el sexto voto el del veterano jurista gallego al frente del TC. Si no se admite la misma y Campo debiese pronunciarse obligado – en conciencia con lo manifestado, públicamente, en 2021, cuando certificó como ministro de Justicia la imposibilidad de amnistiar a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O, puesto que ello implicaba «salir del marco legal y constitucional»–, el resultado podría ser un 6 a 6, en el que de nuevo el desempate recaería, por su voto de calidad, en el presidente de la Corte.

No en vano, para un órgano acostumbrado a aprobar las cuestiones de mayor trascendencia ideológica gracias a un holgado 7 contra 4 –a favor del ala más afín al actual Gobierno socialista y frente a los infructuosos recursos de la oposición política–, la pérdida de un efectivo supondría acercar posturas en el caso de que, como hasta la fecha, las posiciones dentro del Pleno del TC siguiesen la tendencia de los bloques estancos. Y, ante tal tesitura, se mire como se mire, la decisión última dependería de la Presidencia.

«Juan Carlos Campo no quiere ni plantearse la posibilidad de firmar una resolución favorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía», aseguran las fuentes consultadas por El Debate. De ahí que haya decidido apartarse de la cuestión desde el inicio. No es la primera vez que lo hace. Ya en 2023, optó por dar un paso atrás en el primer recurso planteado ante el TC, por un particular, contra el entonces todavía Proyecto de Ley de Amnistía. En aquella ocasión, le costó una discusión, no menor, con el presidente. Ahora, «no ha cogido a nadie por sorpresa» porque si algo caracteriza a Campo es la «coherencia», aseguran quienes le conocen.

De ahí que Cándido haya puesto en marcha la maquinaria de prietas las filas de cara al proximo martes, como primera de muchas de las fechas que están por llegar. Porque una cosa es formar parte del grupo de magistrados que podrían dar luz verde al polémico texto, con el que Pedro Sánchez se aseguraba su continuidad al frente del Ejecutivo, y otra muy distinta es «pasar a la historia como el juez sobre el que recayó la responsabilidad última de lograrlo», apuntan las fuentes consultadas por el Debate.

Precedentes a favor de obra

Consciente de la tarea que estaba por llegar, en los últimos meses desde su llegada al cargo, Conde-Pumpido ha venido maniobrando para despejar el camino de las abstenciones y recusaciones que trataban de apartarle, a él mismo, de la causa de la amnistía.

El máximo representante del TC no está, por su parte, dispuesto a renunciar en la deliberación de cuantas impugnaciones se planteen entorno a la medida de borrado penal del procés y así manifestaba, a sus más allegados dentro del órgano, cómo en algún momento tendría que «rehabilitarse» para participar en los asuntos relacionados con la causa separatista catalana. Una misión para la que se apoyará en la reelaboración de la doctrina del órgano sobre abstenciones y recusaciones que él mismo retocó tras asumir el mandato.

De hecho, nada más conocerse que la amnistía estaba en cocina Cándido Conde-Pumpido sembraba un precedente a favor de obra con un auto, de fecha 15 de diciembre de 2021, por el que Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordaba –con el respaldo de los siete magistrados izquierdistas– desestimar un total de 33 recusaciones presentadas por varios políticos independentistas, entre los que estaba el propio Carles Puigdemont, contra dos de sus magistrados conservadores: Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Desde entonces, no procede aceptar «recusaciones abusivas» que sólo traten de «alterar» el juego de equilibrios y mayorías en los bloques que, de un tiempo a esta parte, definen la composición del TC, alegando «falta de imparcialidad» de sus magistrados. Mucho menos si éstas vienen apoyadas en el argumento de que las «manifestaciones vertidas» por sus miembros en conferencias, entrevistas o «publicaciones académicas o artículos de opinión» antes de haber adquirido su condición actual, «afectan a la neutralidad debida», rezaba la resolución.

Éste es, precisamente, el pronunciamiento que permitirá a Conde-Pumpido salvar su participación, la de la magistrada y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez (quien junto con él ya ha sido recusada por el PP en su recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía); y, quizás, la del propio Juan Carlos Campo, en el asunto más relevante que tiene entre manos el TC.

En caso contrario, ya que la decisión de Campo es «contundente» y «definitiva», el 'plan B' está en marcha: equilibrar las bajas en sendos bloques, una de cada lado, para que la artimética haga su trabajo y la distancia, entre ambos, vuelva a pivotar hasta un «más holgado», y aseadito, 6 a 4.