Cuando el juez decide que no interroga al sospechoso de un doble asesinato y sus compañeros le riñen

El 20 de agosto de 2017 un vecino de Ingenio, que estaba de cacería, encontró los cadáveres de Antonio y Ana María. Llevaban más de cinco años desaparecidos, desde marzo de 2012. El cazador se fijó en que una de sus perras se entretenía en una ladera: al acercarse encontró unos huesos parcialmente enterrados. Dio aviso al 112. Allí fue la Guardia Civil quienes comprobaron que los huesos eran humanos.

El hallazgo permitió a los hijos del matrimonio darles digna sepultura y cerrar el duelo por la desaparición. El problema es que la autopsia determinó que habían sido asesinados. Se abrió entonces una nueva lucha por parte de la familia: la de encontrar al responsable de su muerte.

A pesar de la complejidad del caso por los tiempos, la investigación reunió bastantes indicios contra el sospechoso. Se trataba de un tal Rogelio, el subdirector del banco en el que tenía sus ahorros el matrimonio. Al hombre lo echaron de la entidad por presuntamente quedarse con el dinero de algún cliente. A pesar de ello la familia de los fallecidos tiene la sensación de que el juez instructor ha pasado de todo: tanto es así que ha archivado el caso sin hacer gran cosa.

La Audiencia Provincial de Las Palmas sin embargo ha reabierto el caso y le da un repaso monumental a Su Señoría por su supuesta desidia. Dice en un auto de reapertura al que ha tenido acceso El Debate que hay suficientes indicios para sentar en el banquillo al único sospechoso: «Apreciamos la existencia de varios indicios contra el investigado Rogelio que, partiendo de hechos base acreditados, a través de un proceso deductivo, racional y lógico permiten sostener el ejercicio de la acción penal en base a prueba indiciaria».

Cuáles son estos indicios: «Que Rogelio fue la última persona conocida que estuvo con las víctimas la tarde de su asesinato. Y que, el día de la desaparición del matrimonio, realizó una llamada telefónica bajo la antena que da cobertura al lugar donde fueron descubiertos los cuerpos». Después de estos enumera otros 20 indicios que señalan al sospechoso.

Lo demencial para la familia de las víctimas es que su abogada, Patricia Catalina, pidió la declaración de un amigo del matrimonio, que está acreditado que mintió. El juez no se dignó si quiera a responder a esta solicitud. La Audiencia afea a Su Señoría y le dice: «La familia merece que Don Manuel explique a presencia judicial las diferentes versiones que ha dado». Su Señoría tampoco se dignó a responder a la solicitud de varias testificales más que podrían arrojar luz sobre el asunto, entre ellas la del presunto asesino. Para la familia de Antonio y Ana María es una vergüenza lo que ha hecho el instructor y esperan que el Consejo General del Poder Judicial le investigue.

Además, y aunque tienen derecho, no les han dado dos tomos de la causa. Un despropósito sideral, en opinión de los hijos de los asesinados, de difícil explicación. Ahora la Audiencia da un tirón de orejas severo al juez instructor y le ordena que entregue la documentación y tome varias declaraciones. El propósito es el que se merece cualquier familiar de una persona asesinada: esclarecer la verdad.