El TC resolverá un total de 16 recursos autonómicos contra la ley de amnistía

El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional se ha cerrado, este miércoles, con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía.

Así lo ha confirmado la Corte de Garantías en un documento actualizado al que ha tenido acceso El Debate y en el que se confirma que Aragón (en sendos recursos de Gobierno y Cortes), Andalucía (Junta), Cantabria (Parlamento), Islas Baleares (que solicita, además, suspensión), Extremadura (Junta), Madrid (Gobierno), Galicia (Gobierno), Castilla-León (Junta), Castilla-La Mancha (Junta), Murcia (Gobierno y Asamblea Regional por separado), La Rioja (Gobierno) y la Comunidad Valenciana (Gobierno) pleitearán porque el TC declare que el texto normativo no tiene encaje en nuestro ordenamiento.

Además, hasta la fecha, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido cuenta con otras cuatro cuestiones relativas a la aplicación de la norma: una de las cuales ha sido instadas por la Sala Segunda del Supremo y tres más elevadas desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era una de las primeras en anunciar, a comienzos de esta misma semana, que su Gobierno había presentado el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y, además, en el mismo se pedía la recusación de de tres magistrados del tribunal –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez- por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE».

Por su parte, el Gobierno valenciano, liderado por el popular Carlos Mazón, acordaba seguir la ofensiva en una sesión extraordinaria de su Ejecutivo, convocada para aprobar la presentación de otro recurso análogo contra la ley de amnistía.

Cabe recordar que la Ley de Amnistía fue admitida, el pasado 30 de mayo, con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno del Congreso que levantaba, de este modo, el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación. La norma recavó el apoyo necesario, por la mínima, de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en el Grupo Mixto), frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.