Ayuso, Mazón y Azcón presentan el recurso de inconstitucionalidad por la amnistía y piden recusar a Pumpido, Campo y Díez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su Gobierno ha presentado hoy el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y, además, ha pedido la recusación de de tres magistrados del tribunal –Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez- por su «pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE».

Por su parte, el Gobierno valenciano, liderado por el popular Carlos Mazón, se reunirá este lunes por la tarde en sesión extraordinaria para aprobar la presentación de otro recurso análogo contra la ley de amnistía. Está previsto que el presidente de la Generalidad valenciana comparezca al término del encuentro para dar cuentas de todo lo acordado.

La dirigente madrileña ha anunciado esta ofensiva judicial durante un desayuno informativo en el que ha explicado que estos tres magistrados están, a su juicio, «inhabilitados» para enjuiciar la constitucionalidad de esa ley por, precisamente, esos vínculos con el Partido Socialista, que fue la formación que presentó en solitario esa ley para beneficiar a los golpistas catalanes.

Asimismo, Díaz Ayuso ha asegurado que durante la tramitación de esta normativa se han infringido artículos de la Constitución y preceptos del reglamento del Congreso de los Diputados lo que ha supuesto «una reforma encubierta» de la Carta Magna.

Para la presidenta madrileña esta ley supone «el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia» por lo que su Ejecutivo no puede «quedarse de brazos cruzados». Es una ley «escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional», ha denunciado.

«Esto supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima», ha apostillado.

El pasado 30 de mayo el Pleno del Congreso respaldó con mayoría absoluta la Ley de Amnistía con lo que levantaba el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación. La ley reunió el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Venezuela

En otro orden de cosas, Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la llegada de Edmundo González a Madrid y ha reconocido que no sabe exactamente cuál ha sido el papel del Gobierno de España en ese proceso de salida de Venezuela del ganador de las elecciones. «No ha habido transparencia durante este proceso y, en cierto modo, entiendo que haya sido así, no sé cuál ha sido exactamente el papel del Gobierno», ha afirmado.

La presidenta ha afirmado que «claro que había que darle protección y ponerle a resguardo» y, aunque ha reconocido que la salida de González del país ha dejado «desmoralizada a la oposición», también hay que ponerse «en el lugar de un hombre de 75 años que está siendo acorralado».

«No quiero imaginar la presión que ha sufrido en estos días para haber tomado esta decisión. Y ahora le deseo lo mejor junto a su familia, que no puedo llegar a imaginar lo que han pasado», ha señalado.

En este sentido, Ayuso ha recordado dos cosas, la primera, que «nada que no sea poner fin a la dictadura de Maduro será bueno para nadie» y, la segunda, ha pedido «todo el apoyo» para María Corina Machado, la otra «líder indiscutible del cambio en Venezuela, que ahora queda allí como faro de luz y de libertad para el pueblo de Venezuela».

El Gobierno de Aragón se une a la lista de ejecutivos

El texto presentado por el Ejecutivo de Jorge Azcón considera que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho», consagrado en el artículo 1 de la Constitución, «por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».

Alegan que la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, «en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo» y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de «desjudicializar» la situación en Cataluña.