El Gobierno de Aragón interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía

El Gobierno de Aragón se une a la lista de ejecutivos –el madrileño y valenciano– que han presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Los servicios jurídicos aragoneses han señalado que la ley aprobada vulnera los principios de exclusividad e independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes, y los de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

El texto presentado por el Ejecutivo de Jorge Azcón considera que se produce «una quiebra total del Estado de Derecho», consagrado en el artículo 1 de la Constitución, «por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».

Alegan que la ley de amnistía infringe el principio de separación de poderes, «en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo» y, de hecho, subraya que se ha tratado de justificar la necesidad de esta ley sobre la base de la conveniencia de «desjudicializar» la situación en Cataluña.

Argumentan en su texto que se excluye la aplicación de legislación punitiva para unos concretos ciudadanos vinculados a una motivación política en la comisión de los delitos, restringida, además, a una parte del territorio español, Cataluña, y para un periodo de tiempo determinado fijado «arbitrariamente» frente al resto de los ciudadanos españoles.

El Ejecutivo aragonés incide en que el hecho de que la Constitución no contemple expresamente la amnistía «supone que esta colisiona de manera irreconciliable con el derecho a la igualdad de todos, derecho subjetivo, que se torna en obligación de respeto y de garantía que la Carta Magna impone al legislador y a los poderes públicos».

Azcón subraya que, tanto la comunidad como las Cortes de Aragón, están legitimadas para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa norma al afectar a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón tiene con Cataluña, además de incidir en la unidad de España.

El recurso presentado también cuestiona la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la ley por infringir los principios democráticos del Estado de Derecho exigidos por la Unión Europea, al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración.