El fiscal general pide al Constitucional apartar al magistrado Macías del recurso contra la amnistía

La Fiscalía General del Estado insiste, una vez más, en salir al rescate del Gobierno en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sobre la Ley de Amnistía. Si en varios escritos presentados ante el Alto Tribunal ha venido defendiendo la legalidad de la norma y la necesidad de aplicarla, íntegramente, a todos los encausados y condenados por el procés, ahora se ha desmarcado ante el Constitucional con el mismo motivo.

El titular del Ministerio Público ha instado un escrito de recusación contra el ponente de la causa, el magistrado conservador José María Macías, para retirarle el asunto, según ha podido confirmar El Debate, que la semana pasada fue admitido a trámite en el Pleno de la Corte.

Si la posición de la Fiscalía resulta aceptada por la mayoría del órgano, Macías, quien hasta ahora lideraba la iniciativa de los posteriores recursos (entre ellos los autonómicos) no podrá intervenir, tampoco, en estos. Y ello porque la causa de recusación invocada sería extensible no sólo a la cuestión del Supremo sino al resto.

Un escrito que, si bien no es vinculante, apunta ya a las maniobras que, como adelantó este diario, se estarían gestando en el bloque izquierdista del órgano para equilibrarlo ante la abstención, también aceptada, del magistrado Juan Carlos Campo. Cabe recordar que el que fuera ministro de Justicia, durante la primera legislatura de Pedro Sánchez, se manifestó pública y formalmente contra la constitucionalidad de la polémica norma, en su decreto de indulto a los separatistas catalanes.

Apoyado en ese mismo argumento, y según ha podido saber El Debate en avance, García Ortiz asegura, en el escrito entregado al TC, que la posición de Macías tampoco puede ser considerada imparcial con respecto al texto que los magistrados tendrán que analizar, en los próximos meses, ya que durante su reciente etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «tuvo participación» y firmó varios comunicados institucionakes y un informe técnico, a petición del Senado, en los que se rechazaba el encaje de la amnistía en nuestro ordenamiento.

No son meras «opiniones»

Es decir, García Ortiz sostiene que su informe no se fundamenta «en la emisión de opiniones, ni en la relevancia o trascendencia pública, entiéndase en el sentido de mediática, social o política, de sus posiciones, por más que estas hubieran podido llegar a generar en ciertos sectores de la sociedad la percepción de una convencida y activa beligerancia contra la ley cuya constitucionalidad ahora está llamado a enjuiciar».

Asegura el fiscal general que Macías, intervino de manera «directa» en determinadas «actuaciones oficiales» del CGPJ del que formaba parte, en la legislatura anterior, y que éstas «por su objeto y finalidad, pero también -y especialmente- por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la Ley de Amnistía cuya constitucionalidad ahora se somete a escrutinio del Tribunal».

A juicio de García Ortiz, dichos pronunciamientos son equivalentes a la formulación de «juicios» anticipados del «encaje conceptual de una amnistía en nuestro modelo constitucional, y en todo caso de una amnistía como la que regula la Ley Orgánica 1/2024, y más tarde, acerca de su concreción en las disposiciones de dicha ley orgánica, cuando era proposición de ley» que es, «precisamente» el objeto de la cuestión planteada por el Supremo que el TC tendrá que abordar.