Vox pide al juez del caso PSOE que Sánchez dé las actas de los Consejos de Ministros que compraron material covid

Vox ha solicitado al al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional –en el marco de la trama de corrupción del PSOE en la que los de Abascal están personados como acusación popular– que «se requiera al Presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), y en su caso, al organismo correspondiente para que se incorporen al procedimiento» las «actas de los Consejos de Ministros celebrados desde el 2 de enero hasta el 31 de agosto de 2020, que contengan referencia a la contratación realizada en periodo Covid-19».

Además, Vox ha pedido –en un escrito al que ha tenido acceso El Debate– las «actas del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19» y las «actas del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus».

Por su parte, desde el partido que preside Santiago Abascal han demandado al magistrado instructor que el exsubdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto, pase ha tener la condición de investigado, en vez de la de testigo. Vox explica que en su testifical «ha sido constada la abierta negación de hechos consignados por la UCO en diferentes informes, asimismo, evidentes contradicciones entre los documentos aportados en autos en los que se constata su intervención en los mismos, siendo negada en la prueba testifical practicada».

«El Sr. Belmar ha declarado que en la gestión de estos contratos por parte del Ministerio del Interior fueron realizadas por el mismo, de forma personal, directa y única, cuestión que resalta de forma notoria a la vista del gran número de personas intervinientes en otros ministerios como Transportes y Sanidad para la gestión de los similares contratos de adquisición de los materiales objeto de la adjudicación pública investigada. Sin embargo, en el Ministerio del Interior y para dotar de protección a Policía y Guardia Civil, cuerpos que fueron declarados esenciales, al parecer, según la declaración del testigo, sólo se encontraba él», agregan.

En este contexto, los de Abascal relatan que «ha resultado muy relevante para esta acusación popular que el testigo haya indicado de forma reiterada en su declaración que las diversas y numerosísimas gestiones que sin duda tenía que realizar no hayan sido documentadas y que indique que fueron realizadas casi de forma íntegra de forma telefónica, cuestión que no corresponde a su declaración sobre el conocimiento profundo y experiencia contrastada como ha manifestado de la contratación pública, sin duda fue realizada muchas veces con anterioridad, motivo por el que indica que no le presentó mayores dificultades y que resulta conforme al cargo que desempeñaba».

Por su parte, Vox también pide que se tome declaración como testigos a José Manuel Fraile Azpeitia, que fue subdirector de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, a José Antonio Rodríguez González, director general de Coordinación y Estudios, y a Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad