El Gobierno se prepara para digerir su primera gran derrota de un curso agónico

De pronto, la carroza de Pedro Sánchez se ha convertido en calabaza. De pronto, los socialistas han caído en la cuenta de que Junts no es uno de los suyos, sino que complicará la legislatura al Gobierno todo lo que pueda y más. Especialmente, hasta el congreso que la formación celebrará entre el 25 y el 27 de octubre.

Carles Puigdemont anunció este jueves que sus siete diputados volverán a rechazar los objetivos de deuda y déficit públicos en el Pleno del próximo jueves en el Congreso, como ya hicieron en julio. «A la misma cosa que votamos que ‘no’, volveremos a votar que ‘no’. Si la cambian, hablemos», señaló el expresidente catalán. Dado que la propuesta que somete el Gobierno a votación es exactamente la misma que hace dos meses (la aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada).

Al menos, esta vez Junts ha avisado con tiempo. No como en el Pleno del pasado martes, cuando votó a traición en contra de la tramitación de una proposición de ley de Sumar para regular los alquileres temporales, a pesar de que hasta minutos antes había asegurado que se abstendría (lo que habría permitido que saliera). El ministro Félix Bolaños sacó a Pedro Sánchez de la Moncloa y le hizo ir a votar creyendo que ganaban, para acabar ambos con cara de circunstancias en sus escaños al ver el panel de la votación.

En el Gobierno van asumiendo que el voto de los siete diputados independentistas el día 26 de septiembre es inamovible. Por más que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se dé por vencida y haya afirmado que están «tendiendo puentes» con los de Puigdemont, e incluso ofreciéndoles retrasar el calendario de tramitación de los Presupuestos Generales de 2025 hasta después del congreso de finales de octubre.

Así las cosas, en el Ejecutivo ya preparan el control de daños, para amortiguar el enorme revés. Porque el PP es el único que podría sacar a Pedro Sánchez del entuerto, pero Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a votar a favor, aunque el Gobierno asegure que el nuevo techo de gasto beneficiaría más a las comunidades y ayuntamientos que al Estado.

Hacienda insiste en que presentará los Presupuestos de 2025, ya sea con la nueva senda de estabilidad o con la que está en vigor ahora

Desde Hacienda insisten en que, si el Congreso no aprueba la nueva senda de estabilidad, seguirán adelante: utilizarán la que está actualmente en vigor para elaborar los Presupuestos de 2025. Y que a quienes perjudicaría ese escenario es a las comunidades y los ayuntamientos, porque tendrían menos para gastar: la nueva senda concede dos décimas más de margen fiscal a las comunidades en 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes; y una décima más en 2025 y dos más en 2026 a los ayuntamientos.

«Lo que está haciendo el PP no nos castiga. Todo lo contrario, nos podría beneficiar», especulan desde el ala socialista del Gobierno. «A quien beneficia que no haya senda de estabilidad nueva es a nosotros y les perjudica a ellos (al PP). Porque nosotros, como Gobierno, tendremos más facilidad para cumplir los objetivos, porque no vamos a incrementar nuestro gasto y ellos tendrían menos para gastar en los ayuntamientos y comunidades», explicaron las mismas fuentes.

En el Ejecutivo llegan a amenazar sutilmente a los populares. «Ojo, porque han vuelto las reglas fiscales, y hasta ahora no las había. La ley opera, cosa que no hacía antes. Así que se puede pedir a las comunidades y ayuntamientos planes de reequilibrio, se les puede retener entregas a cuenta…», deslizan.

Primer gran examen del curso

En cualquier caso, e indudablemente, la votación del jueves es más que una cuestión de macroeconomía y porcentajes de déficit. Es el primer gran examen del nuevo curso parlamentario para el Gobierno de Sánchez; un curso que discurre al filo de lo imposible. Si suspende la prueba, las dudas sobre la viabilidad de una legislatura tan precaria subirán de decibelios. Aunque el presidente y sus ministros lleven semanas intentando exorcizar los demonios con la letanía de que a esta legislatura le quedan tres años. «El Gobierno de España tiene la intención de continuar estos tres años», reiteró Sánchez el miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja.