El ministro Félix Bolaños y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una imagen de archivo
Vuelve el clásico
El PNV quiere atar en corto al CNI y que el PSOE le ayude a hacerlo
Los nacionalistas vascos llevan al Pleno del Congreso una iniciativa para aumentar el control político y judicial sobre el Centro Nacional de Inteligencia. Ya la presentaron en 2022 y fracasaron
El PNV vuelve a la carga con una de sus fijaciones: el CNI. El Pleno del Congreso debatirá este martes, nuevamente, la toma en consideración de una proposición de ley de los nacionalistas vascos que pretende atar en corto al Centro Nacional de Inteligencia (puede leerla aquí). Por una parte, endureciendo el control judicial previo al que están sometidos sus agentes. Por la otra, haciendo que dependan directamente del presidente del Gobierno y no de un ministro. En este caso, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El grupo que comanda Aitor Esteban cree que ésta sería una excelente oportunidad para que el PSOE demuestre que su compromiso con ellos, después del escarceo que protagonizó el PNV en el Pleno de hace dos semanas. Entonces, los vascos se aliaron con el PP para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones en Venezuela y presidente electo del país. Esa misma semana, el ministro Félix Bolaños comió con Esteban y con el presidente de la formación, Andoni Ortuzar, para asegurarse de que el PNV seguía siendo uno de los suyos.
No obstante, los jetzales no son nada optimistas. Ya llevaron esta proposición de ley de reforma del CNI al Pleno la legislatura pasada y el PSOE votó en contra. En concreto, fue en diciembre de 2022. La entonces diputada socialista Zaida Cantera argumentó que una reforma que afecta a un organismo vital para la seguridad del Estado tiene que ser emprendida desde el Consejo de Ministros. Y no por un grupo parlamentario. «Resultaría esencial que cualquier cambio legislativo que prospere en este ámbito debe respetar y garantizar una adecuada protección de los medios, fuentes y procedimientos del CNI, dado que resultan pilares básicos para la supervivencia de un servicio de inteligencia», sostuvo.
De aquellos polvos...
En realidad, todo parte de que, en la primavera de 2022, Pedro Sánchez prometió a los independentistas la reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI, del año 2002. Fue después de que el espionaje a los líderes independentistas mediante el sistema Pegasus (con autorización del juez) acabara con la destitución de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, a quien sustituyó Esperanza Casteleiro, mujer de confianza de la ministra Robles.
Para aplacar el enfado de los secesionistas, el presidente hizo además algunas promesas. Esa reforma legal fue una de ellas. También se comprometió a aprobar una Ley de información clasificada para sustituir a la actual Ley de secretos oficiales, del año 1968. El Consejo de Ministros llegó a ver un anteproyecto, pero el adelanto electoral de julio de 2023 lo dejó en tierra de nadie. La semana pasada, el Gobierno recuperó este último compromiso dentro de su llamado Plan de acción por la democracia.
La intención del PNV con esta proposición de ley nunca ha sido fortalecer el CNI, ni antes ni ahora, sino tener mayor control sobre él. «Nos estamos dando cuenta de que hace falta un control ex post, un control sobre a quién van dirigidos los operativos y también sobre qué medios, y de que puedan tener más herramientas el juez o los jueces correspondientes», afirmó el portavoz de los nacionalistas vascos la anterior vez que la defendió en la tribuna de oradores del Congreso.
La Cámara Baja conoce de las actividades del CNI a través de la Comisión de secretos oficiales, de la que forman parte los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Incluidos los de Junts, ERC y hasta Bildu (otra concesión de Sánchez a los independentistas la pasada legislatura). Precisamente el jueves, el Pleno votará la incorporación a esa comisión del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Puesto que, cuando se constituyó, la portavoz de Sumar era Marta Lois, no él. Las sesiones de esta comisión se celebran a puerta cerrada y, en teoría, quienes asisten están obligados a no revelar nada de lo que allí escuchan y ven. Pero en la práctica siempre se producen filtraciones.
