El Gobierno con menos apoyos presenta el mayor plan de involución democrática

Martes 17 de septiembre. Por la mañana, el Gobierno presentó un plan con el que pretende reformar siete leyes -cuatro de ellas de carácter orgánico- y aprobar una octava, aun teniendo únicamente 147 diputados (120 del PSOE y 27 de Sumar). Por la tarde, Junts propinó al Ejecutivo la derrota parlamentaria número 35 de una legislatura que aún no ha cumplido el año de vida, al vetar una proposición de ley para regular los contratos de alquiler por temporada. Expectativa vs realidad.

Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun presentaron este martes al alimón el Plan de Acción por la Democracia con el que Pedro Sánchez amenazó nada más volver de su retiro de cinco días. Un totum revolutum de reformas legislativas que supone una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Su particular respuesta al caso Begoña.

En definitiva, un programa que haría saltar ya mismo las alarmas de la UE de no ser porque de momento es un enorme castillo en el aire. Ni siquiera es un papel de los que lo aguantan todo, porque la Moncloa no repartió un solo documento ni dio un solo detalle. Nada de nada más allá de titulares grandilocuentes y de un horizonte temporal de tres años que se da el Ejecutivo para llevarlo a cabo; los tres años que, en teoría, le quedan a la legislatura.

El plan incorpora elementos irresistibles para los independentistas porque afectan al sistema nervioso del Estado

El Gobierno más precario, el que con la de ayer lleva 35 derrotas en el Congreso 10 meses -y subiendo-, necesita una argamasa para la mayoría de investidura, actualmente rota. Y cree haberla encontrado en este plan, que incorpora elementos irresistibles para los independentistas porque afectan al sistema nervioso del Estado: la despenalización de las injurias a la Corona y a cualquier otra institución del Estado; la reforma de la ley de secretos oficiales; y una derogación encubierta de la que la izquierda llama «ley mordaza». Asuntos, todos ellos, sobre los que Junts, ERC, el PNV, Bildu y el BNG llevan tiempo exigiendo legislar.

Con todo, la parte más llamativa del paquete es esa especie de corralito en el que el Gobierno pretende cercar a la prensa, al estilo del kirchnerismo. Fiscalizar no solo quiénes son sus accionistas, sino también sus audiencias, sus fuentes de financiación y limitar la publicidad institucional que reciben. El Ejecutivo habla de crear un registro de medios cuando, en realidad, su objetivo es más bien el contrario: todo el que no esté en ese registro estará en la lista negra de pseudomedios. «Nos enfrentamos a la desinformación y a la máquina del fango. Una democracia que está siendo asediada por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos que todos tenemos en mente», afirmó el propio Sánchez el lunes delante de sus diputados y senadores.

El ministro Urtasun defendió que la imparcialidad de ese registro estará garantizada porque lo elaborará un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo que no dijo es que la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, fue asesora del Gabinete de Sánchez en 2020. No hay previsión de que las asociaciones de prensa participen en su elaboración.

Cuatro leyes orgánicas, tres ordinarias y una de propina

El Gobierno de los 147 escaños pretende conseguir los apoyos para reformar cuatro leyes orgánicas: la del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la del derecho de rectificación; la del régimen electoral general; y el Código Penal, que también tiene rango de ley orgánica. En el caso de las dos primeras, se desconoce en qué sentido: ni Bolaños ni Urtasun dieron una sola pista, más allá de decir que es pronto y que este plan es solo el punto de partida. La LOREG se modificaría para incluir la obligatoriedad de convocar una vez al año el Debate sobre el Estado de la Nación y debates electorales en campaña, así como exigir a las empresas demoscópicas que publiquen los microdatos de sus encuestas de campaña.

A mayores, el Ejecutivo plantea la reforma de tres leyes ordinarias: la de Publicidad y Comunicación Institucional; la ley de secretos oficiales (ya lo intentó la pasada legislatura) y la ley de seguridad ciudadana, que la izquierda llama «ley mordaza». Aunque esta última no sería reformada directamente, sino a través de las modificaciones en el Código Penal.

Y, por si fuera poco, el Gobierno quiere volver a intentar impulsar una ley que regule las actividades de los grupos de interés (los lobbies). En 2022, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto, pero quedó en un cajón. Como tantos otros.

A pesar de que el Gobierno intentó deslumbrar a sus socios con las dimensiones de este plan de 31 medidas, para los independentistas huele y sabe a poco. «Está bien encaminado, pero es obvio que no es suficiente», advirtió la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.