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Los ministros Urtasun, Alegría, Bolaños y Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Los ministros Urtasun, Alegría, Bolaños y Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEFE

'Plan de Acción por la Democracia'

Las 31 medidas del plan de regeneración de Sánchez: del registro de medios a «perseguir la desinformación»

El ministro Bolaños ha explicado que el llamado Plan de Acción por la Democracia cuenta 31 medidas, entre las que ha expuesto este martes algunas como la reforma de las leyes del derecho al honor y a la rectificación, la de la ley de Secretos Oficiales o la creación de un registro de medios de comunicación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el que el Gobierno ha llamado Plan de Acción por la Democracia. «Una hoja de ruta», ha señalado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, con 31 medidas que pondrán en marcha a lo largo de estos tres años que quedan de legislatura, con dos finalidades: «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz». Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtason, ha advertido de que este plan «solamente es un primer paso, desde la certeza de que queda mucho por hacer».

Según ha expuesto Bolaños, los tres ejes que tiene este plan son, en primer lugar, ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; el segundo, fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios para garantizar información veraz, y el tercero, reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Primer eje:

–Desarrollar una nueva estrategia de Gobierno Abierto.

–Aprobar el quinto plan de Gobierno abierto para facilitar la transparencia y de rendición cuentas de las políticas que lleve a cabo el Gobierno.

–Aprobar una rendición de cuentas obligatoria para todos los gobiernos.

–Aprobar la Autoridad Independiente de Protección del Informante dentro de la Administración Pública.

–Reformar la ley de Secretos Oficiales, de 1968.

Segundo eje:

–Reforma de las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor (1982) y el derecho de rectificación (1984)

–Reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos.

–Creación de un registro de medios de comunicación para hacer pública la información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

–Establecer el deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de las administraciones públicas.

–Reformar la ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, así como para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad.

–Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes.

–Proteger a los periodistas de acosos externos.

–Limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.

–Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo político evitando la concentración de los medios de comunicación.

–Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

Tercer eje:

–Establecer de manera obligatoria que anualmente se celebre el Debate sobre el Estado de la Nación.

–Reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que sea obligatorio para los candidatos acudir a los debates electorales en las campañas y para que las encuestas que se publiquen en periodos electorales tengan que hacer públicos los microdatos de estas.

–Ley de grupos de interés o lobbies.

–Establecer un régimen sancionador al partido o a los diputados y senadores que incumplan la obligación de hacer públicas sus cuentas y sus declaraciones de bienes y de intereses.

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