García Ortiz nombra jefe penal del Supremo a un fiscal que considera «excesiva» su dimisión si es imputado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a formular una propuesta de nombramiento, a espaldas de la mayoría del Consejo Fiscal que ha presidido este pasado miércoles y eligiendo para el puesto –la plaza de fiscal jefe de Sala de la sección penal del Supremo de la que depende su futura imputación–a un candidato que era el penúltimo peor posicionado en el escalafón y no contó con el apoyo de la mayoría de los vocales del Pleno.

Eso sí, fuentes próximas a la Fiscalía han apuntado a El Debate que el elegido, Fernando Prieto, habría manifestado entre sus compañeros, antes de adquirir su condición actual, que le parecería «excesivo» que García Ortiz dimitiese si el Alto Tribunal decide investigarle, formalmente, por un delito de revelación de secreto como pidió, antes de verano, el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que se hizo cargo del caso.

Prieto no es sectario y «ha trabajado siempre bien», aseguran las mismas fuentes. No en vano, fue uno de los profesionales asignado a la causa de los 'ERE' y defendió, en 2021, que debían confirmarse todas las condenas impuestas, incluidas las de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Además, no está afiliado a ninguna de las asociaciones profesionales del Ministerio Público. Pero lo cierto es que su designación ha salido adelante con los votos de los dos vocales de la Unión Progresista (UPF) del Consejo y los tres de los miembros natos del órgano. Esto es, el propio García Ortiz; su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde; y, la jefa de la inspección, María Antonia Sanz Gaite.

Para ello, «se ha dejado atrás» en el puesto nada menos que a dos fiscales de la primera categoría, los dos con mejor número del escalafón", Javier Zaragoza y Jaime Moreno, que fueron apartados de la causa especial del procés por negarse a firmar la amnistía total para los políticos separatistas condenados por el referendum ilegal del 1-O.

Y, lo que es todavía más llamativo, a un total de cuatro fiscales de segunda, como él, entre los que se encontraba la fiscal Ángeles Garrido, única mujer que optaba al puesto, con 26 años de antigüedad en el TS y la cual concitó los apoyos de los seis consejeros electos de la Asociación de Fiscales (AF) que instaron a García Ortiz a proponerla apelando a un criterio de «necesaria paridad» en los puestos de máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal.

A cambio, Prieto contaba con la «recomendación» de otro fiscal del Supremo, Antolín Herrero Ortega, miembro de la UPF desde su fundación, con el que mantiene una gran amistad y comparte «hechuras» y quien «siempre ha sido una especie de lugarteniente» para el actual fiscal general del Estado, apuntan las fuentes consultadas por El Debate en el Supremo.

Herrero Ortega fue promocionado a la sección penal del Alto Tribunal, en enero de 2005, bajo el mandato del entonces titular de la Fiscalía y hoy presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido. Cabe recordar. también, que fue uno de los profesionales que, en 2012, defendió la legalidad de las actuaciones del juez Baltasar Garzón al intervenir las conversaciones a los dirigentes de la trama Gürtel porque su actuación fue «proporcionada» a la gravedad de los delitos y pidió al Supremo la absolución del magistrado, finalmente condenado por prevaricación.