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Santiago Abascal, durante un pleno en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Vox denuncia una «invasión islámica» y propone un plan para combatir la inmigración ilegal

El partido de Santiago Abascal rechaza la política de puertas abiertas que —denuncia— promueven el PSOE y el PP en España y en Bruselas, exige la expulsión de los ilegales y plantea consultar a los españoles

«Y tú, ¿qué barrio eliges?», pregunta Vox en sus redes sociales, en un momento en el que la inmigración ilegal es una de las cuestiones que copan el debate político. Lo acompañan de imágenes que plantean, por ejemplo, una disyuntiva entre un barrio con jóvenes inmigrantes ilegales de origen magrebí, uno de ellos sujetando una navaja, y otro con jóvenes occidentales. O «¿qué España quieres?», pregunta, junto a una imagen que muestra, por un lado, a una mujer con burka y por otro a una mujer de nuestra civilización con el rostro descubierto. Lo primero lo vincula a las políticas migratorias del PSOE y el PP y lo segundo, a la que propone Vox.

Vox, que desde su origen ha mantenido un duro discurso contra la inmigración ilegal y descontrolada, en muchos casos incompatible, denunciando las consecuencias que acarrea para la seguridad de los pueblos y ciudades, los servicios públicos y la identidad nacional, se ha lanzado a intensificar su actividad para combatir este problema de dimensión nacional y europea. A la batería de iniciativas que el partido ha presentado en las Cortes se suman las que ha llevado a todos los parlamentos regionales y a los municipios, y la acción llevada a cabo en la Eurocámara, ahora integrados en el grupo Patriotas por Europa.

Muestra también del impulso que pretenden dar en este nuevo curso a esa acción es la creación de la portavocía nacional de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad, ostentada por el policía Samuel Vázquez, que se dio a conocer a nivel mediático por sus discursos advirtiendo del aumento de la criminalidad en España, vinculado además a esa inmigración descontrolada.

Plan contra la «invasión islámica»

Hace unos días, la formación de Santiago Abascal dio a conocer su plan para luchar contra «la invasión islámica», proponiendo varias medidas concretas para llevar a cabo en municipios y regiones.

Plantean, por ejemplo, que los fondos que se destinan a fomentar el efecto llamada se destinen a trasladar a los ilegales a sus países de origen, o a Bruselas, como han ironizado estos días sus dirigentes por las políticas migratorias impulsadas en la UE.

Abascal manifestó desde la tribuna que «si hay que usar dinero público de los españoles, que sea para pagarles el billete de vuelta a sus patrias o para pagarles un billete a Bruselas, donde viven cómodamente las élites culpables de la inmigración masiva». Y ayer, en Canarias, Jorge Buxadé, jefe de la delegación europea de Vox, proponía fletar aviones con los ilegales desde las islas hasta la capital belga y en concreto hasta la Comisión Europea, donde trabaja Ursula von der Leyen.

Vox rechaza la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal que denuncian que promueven socialistas y populares en España y en Europa, e instan al Gobierno a proceder a la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. Entre sus propuestas también se encuentra la de celebrar un referéndum o consulta popular en la que se plantee la expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en los municipios. Vox defiende que los ciudadanos deberían poder tener voz para opinar, por ejemplo, sobre abrir o no un centro de menas en su barrio, ahora que las comunidades debaten el reparto de menores llegados a Canarias. En esta línea, plantean que se cierren los centros de inmigrantes ilegales y se rechace la apertura de otros nuevos.

También, como han impulsado en los gobiernos municipales donde tienen representación, proponen acabar con los empadronamientos ilegales, por los que los inmigrantes que han llegado a nuestro país de manera irregular accedan a ayudas sociales. Y finalmente, plantean que los municipios se declaren «municipios que no apoyan a las asociaciones y ONGs que colaboren con las mafias» de tráfico de personas.

Moción en el Congreso

Por otro lado, esta semana, Vox llevó al Pleno del Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política de colaboración del Gobierno con los países de nuestro entorno en lo referente a la defensa de las fronteras. En ella, denunciaba la «inacción» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a este respecto y su «claudicación» a la hora de hacer cumplir los acuerdos bilaterales.

En esta iniciativa, el grupo parlamentario exponía once medidas para poner fin a la «invasión migratoria» que padece España. Entre ellas, revisar el cumplimiento de esos acuerdos de colaboración en materia de prevención de la inmigración ilegal con terceros países, recogiendo que en caso de incumplimiento o falta de colaboración, se tomaran las medidas necesarias para obligarles a cumplirlos.

También instaban a promover en las instituciones europeas que se acabe con las políticas de efecto llamada y se agilicen los procesos de deportación de ilegales, así como a expulsar de forma inmediata con destino a su país de origen a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a territorio nacional y a los inmigrantes legales o ilegales que hayan cometido delitos graves o reincidan en los leves. De igual modo, proponen garantizar la devolución de todos los menas a sus países de origen con sus familias.

Otra de las medidas es eliminar las ayudas públicas a las ONG, asociaciones o entidades en general dedicadas a fomentar la inmigración ilegal, así como suspender las ayudas de Cooperación al Desarrollo a los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.

En esta iniciativa parlamentaria, Vox también planteaba impulsar medidas para impedir la entrada y expansión del fundamentalismo islámico en España, y articular medidas encaminadas a evitar su financiación por parte de terceros estados u organizaciones. Y también proponían que se declare como zona marítima de interés la zona que va desde la costa de Mauritania hasta Melilla, y que se cree una misión de Presencia Marítima Coordinada en esta zona, liderada por España, que proteja los intereses, las fronteras y la seguridad de los países europeos.