La iniciativa del bloque conservador del CGPJ impide a Sánchez el control del Supremo

El cuerpo de letrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja ya en el informe técnico que servirá al Pleno del órgano para decidir si conviene reactivar los procesos iniciados en 2021 para la designación de jueces y magistrados en la cúpula judicial o si, por el contrario, debe empezarse desde cero.

Pase lo que pase, la elección de los perfiles llamados a cubrir, en los próximos meses, el centenar de vacantes actuales, será «escalonada, equilibrada y muy negociada». «Sin imposiciones cruzadas» y con «especial atención» en el Supremo que funciona con tan sólo dos tercios de su composición legal y que en algunas de las secciones «está obligando a resolver los asuntos con tres magistrados», cuando la ley establece que deben ser cinco.

Esta delicada situación del Alto Tribunal se arrastra como consecuencia del bloqueo impuesto, hace cuatro años, por el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Una medida de presión con la que el Ejecutivo buscaba que el PP cediese al intento de renovar el CGPJ de manera inmediata y por el habitual sistema proporcional de 'reparto de cromos' que permitiría a los socialistas hacerse con el control de la mayoría de sus miembros y, por extensión, predeterminar la afinidad de los nuevos magistrados llamados a cubrir los, cada vez más, numerosos huecos.

Un escenario que preocupaba, y no en menor medida, a los jueces que conforman el TS ya que, en algunas Salas, el 'desembarco' repentino de casi la mitad del total de los profesionales que las conforman, con una sensibilidad próxima a los postulados del Ejecutivo, podría suponer «por una mera cuestión aritmética, un vuelco radical en la jurisprudencia consolidada». Y, el asunto, no sería menor en aquellas causas de más trascendencia política para el Ejecutivo.

El hecho de que los miembros del bloque conservador del Consejo «hayan tomado la iniciativa desde el primer minuto» dejando claro que «en esta nueva etapa» del órgano no caben «imposiciones», ni maniobras pensadas para colonizar la más alta Magistratura española, ha sido «determinante», entre otras cuestiones, para lograr «una composición equitativa», tanto en el organigrama interno como "en el seno de las comisiones del órgano», apuntan varias fuentes.

Buena prueba de ello es que, según ha podido saber El Debate, el ala conservadora del CGPJ neutralizaba hace apenas unas semanas, gracias a la negociación permanente a la que ha condenado la operativa del órgano, un intento del sector izquierdista para replicar el modelo de presidencia y vicepresidencia que impuso en el Constitucional, nada más llegar al cargo, Cándido Conde-Pumpido.

Esto es, dos responsables de la misma orientación, en lugar de la alternancia de sensibilidades, en ambos puestos, como es norma habitual no escrita en la mayoría de instituciones judiciales, que en el caso del Consejo estará repartida entre su presidenta de consenso, la progresista Isabel Perelló, y su número dos, el conservador Dimitry Berberoff.

Cabe resaltar que la comisión de Calificaciones que soportará el peso de la puesta en marcha de los procesos de selección –bien los ya convocados y en curso, si se retoman donde se dejaron, bien los nuevos que hayan de habilitarse– «está lista» para cubrir, «sin prisa pero sin pausa», las más de 100 vacantes. Esta misma semana se ha decidido que esté presidida por el vocal conservador José Antonio Montero, al que acompañarán en esta tarea la también vocal conservadora Esther Rojo y los vocales de corte izquierdista Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herreros.

El SOS del Supremo

Así las cosas, el Supremo espera ya sin temor a ser colonizado por el Gobierno, que arranque la elección de los refuerzos. Prioritarios para la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo es de las más perjudicadas. En estos momentos, trabaja con dos tercios de los magistrados que legalmente le corresponden y su presidente, Pablo Lucas, lo es en funciones.

Aunque por ahora no se ha fijado un orden de prioridad en los nombramientos pendientes, algunas fuentes apuntan a este diario que lo «más lógico» sería cubrir primero las vacantes de magistrados, para poder desatascar las salas, y pasar después a los presidentes que deben coordinar las mismas.

En este sentido, las mismas fuentes resaltan que mientras la falta de magistrados lastra el trabajo de la Sala, el hecho de que un presidente lo sea con carácter interino no genera trastorno alguno.