Las comunidades del PP defienden sus leyes de Concordia ante la ofensiva del Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió en mayo ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma que derogó la ley de memoria democrática de Aragón, y el organismo presidido por Cándido Conde-Pumpido decidió suspender la derogación de manera cautelar hasta que se resuelva el recurso. En este contexto, la semana pasada el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tendió «la mano» al Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Concordia regional, aunque advirtió que de lo contrario el Gobierno la recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), como pasó con la norma de Aragón.
Ante esta ofensiva del Ejecutivo de Sánchez, Mazón defendió ayer la Ley de Concordia aprobada por el PP y Vox en las Cortes autonómicas y subrayó que está «convencido» de que el Gobierno quiere negociar sobre esta norma «de buena fe, sin buscar rédito político y sin ánimo de inmiscuirse en el autogobierno y en la plena capacidad legislativa». Esta legislación tiene como fin desplazar el término guerracivilista de «memoria histórica» y sustituirlo por «concordia», tal y como manifiesta su artículo 1: «La Comunidad Valenciana reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunidad Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días».
Por su parte, fuentes próximas al Gobierno de Aragón han relatado a El Debate que en materia de memoria el pacto al que llegaron con Vox recogía «derogar la ley autonómica y realizar un Plan de Concordia», como se ha hecho. No obstante, la derogación ha quedado suspendida por parte del TC después de que Ejecutivo central la llevara ante la Corte de Garantías.
A su vez, el 25 de septiembre las Cortes de Castilla y León rechazaron tramitar la ley de Concordia autonómica con el voto del PP. El procurador 'popular' Óscar Reguera dijo que desde su partido tienen el «convencimiento» de que el texto presentado es «constitucional», pero explicó que su 'no' se debía a «la coyuntura actual» y por «razones de oportunidad, de prioridad y de prudencia». «Por si fuera poco la Ley de Concordia de Aragón ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad y se ha acordado su suspensión hasta que se resuelva», recordó.
Derogación de la Memoria en otras comunidades
Durante el mes de septiembre el PP ha mostrado su disposición a derogar las leyes de memoria regionales en diferentes comunidades en las que gobierna. El Grupo Parlamentario Popular de Baleares confirmó –a través de su portavoz adjunta, Marga Durán– que votará a favor de la derogación de la vigente normativa de memoria a pesar de que Vox rompió con el PP su acuerdo de gobernabilidad de forma «unilateral». Durán recalcó que su preocupación «era que quedase alguna cosa pendiente que no estuviera recogida en la ley de fosas o en la ley de memoria estatal».
En Cantabria, el 23 de septiembre el PP y Vox aprobaron en el Pleno del Parlamento regional la toma en consideración de la proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma. En consecuencia, se han iniciado los trámites para suprimir esta norma.
Sobre una posible ley de Concordia en Extremadura, fuentes de la Junta han afirmado a este periódico que «en estos momentos, desarrollar y aprobar una nueva norma no es una prioridad para el Gobierno». «En el acuerdo de gobernabilidad con Vox recogíamos el impulso de una nueva ley extremeña que sirviese a la reconciliación y a la concordia, pero ese acuerdo fue roto unilateralmente por dicha formación. La posición del Gobierno de María Guardiola es de absoluto respeto a las víctimas, de todas las sensibilidades y de todos los bandos», han añadido.
En La Rioja hay una ley autonómica de memoria que fue aprobada en 2022 con los votos a favor del PSOE y el Grupo Mixto, y el rechazo de PP y Ciudadanos, aunque fuentes del actual Gobierno autonómico (con mayoría absoluta del PP) aseguraron a EFE en el primer trimestre del año que no tienen previsto derogarla ni modificarla. A su vez, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se aprobó en marzo de 2017 con la abstención del PP, y el Ejecutivo de Juanma Moreno no ha mostrado su intención de derogarla, postura que ha sido criticada con firmeza por Vox.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid, en Galicia y en la Región de Murcia no hay ningún tipo de legislación autonómica en materia de memoria, situación que también ocurre en Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page.