Marlaska quita gravedad a los ataques del Gobierno a jueces como Peinado, Marchena y Llarena

En la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros se sentaron este martes Pilar Alegría y Fernando Grande-Marlaska, cada uno en un papel. Ella criticó al juez Juan Carlos Peinado por llevar seis meses de instrucción «pedaleando en la nada». Y él defendió el derecho del Gobierno a censurar las actuaciones de éste o cualquier otro juez o tribunal. Es «salud democrática», llegó a afirmar el ministro del Interior.

Grande-Marlaska es uno de los dos jueces en excedencia del Consejo de Ministros, junto con Margarita Robles. Por tanto, fue miembro del poder judicial antes que del poder ejecutivo. Y este martes, desde la Moncloa, avaló la campaña del Gobierno contra jueces como Juan Carlos Peinado, Manuel Marchena, Pablo Llarena y la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. Un presidente que ha normalizado, institucionalizado incluso, los ataques al poder judicial, como desgranó El Debate.

«Todo poder del Estado, y por tanto cualquier integrante de un poder del Estado en el ejercicio de sus funciones, y en este caso un juez en el ejercicio de sus funciones y, realmente, analizando las mismas, cualquier resolución puede ser objeto de crítica, disconformidad siempre en los parámetros del respeto, de la educación interinstitucional», empezó argumentando el ministro Grande-Marlaska.

Y a renglón seguido añadió: «En esos términos, obviamente, creo que todo el poder del Estado y, en este caso, el poder judicial y, en este caso, cualquier caso ejercitando el poder judicial, cualquier resolución puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado. Manteniendo, evidentemente, la independencia de unos y otros. Y yo creo que eso es salud democrática. Lo contrario me preocuparía, si no sería factible la crítica en este caso a cualquier resolución judicial dentro del parámetro del respeto», concluyó.

Minutos antes de su alegato en favor de la sana crítica, la portavoz del Ejecutivo había acusado veladamente al juez Peinado de estirar el caso Begoña, al no facilitar a la Audiencia Provincial de Madrid el recurso interpuesto por su abogado defensor. Lo que, este lunes, obligó a la Audiencia a posponer su decisión sobre la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

«Es un capítulo más, ya nada sorprende a nadie. Toda la seguridad de que tanto la justicia como la verdad confirmarán lo que siempre hemos mantenido, que no hay caso», señaló Alegría. La portavoz recordó que esta denuncia partió «de unas organizaciones ultraderechistas a través de una denuncia formulada con recortes de prensa, buscando claramente una campaña política de acoso y derribo fundamentalmente al presidente del Gobierno y a su entorno más próximo», añadió.

Y concluyó: «Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada. Hay dos informes sólidos y solventes de la Guardia Civil donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso. La propia fiscalía ha solicitado ya el archivo. Estamos seguros de que la Justicia y la verdad pondrán las cosas en su sitio en este no caso». No obstante, Alegría no quiso aclarar si este retraso será utilizado por Sánchez para ampliar la querella por prevaricación que interpuso contra el juez Peinado en verano.

En la Moncloa no gustó que la Audiencia Provincial de Madrid tuviera que retrasar sine die su deliberación sobre el caso Begoña, tras los recursos presentados por el abogado de la defensa y la Fiscalía solicitando su archivo. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, escribió en la red X: «Un suponer: una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella», dando por hecho que había sido una maniobra intencionada del instructor y no un error humano del secretario judicial.

En cualquier caso, y como viene contando este periódico, los juristas se inclinan por pensar que los cuatro magistrados de la Audiencia de Madrid que decidirán no ordenarán al juez Peinado cerrar la investigación, puesto que una parte está bajo secreto de sumario y tiene varias ramificaciones.