Sánchez normaliza los ataques de su Gobierno a jueces y tribunales libres

No ha pasado ni un mes desde que la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se plantara en jarras ante el Gobierno con motivo de la apertura del Año Judicial: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces», advirtió entonces Isabel Perelló ante un auditorio en el que se encontraba, entre otros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Un Félix Bolaños que no solo no se dio por aludido, sino que afirmó compartir «plenamente» el discurso de Perelló respecto a la independencia judicial y a la separación de poderes.

Pero los hechos contradicen ese aplauso entusiasta de Bolaños; ministro de Justicia y, a pesar de ello (o precisamente por ello), ariete del Ejecutivo en sus acometidas contra el poder judicial. El curso no ha empezado bien para el Gobierno, tampoco en el terreno judicial. Y, conforme el Ejecutivo encadena reveses de los tribunales, sus miembros se muestras cada vez más desinhibidos en la crítica al poder judicial. Traspasando todas las líneas rojas.

Este mismo lunes, la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de ratificarse en que no aplicará la ley de amnistía a los cabecillas del procés condenados por malversación -Oriol Junqueras entre ellos- fue inmediatamente replicada por el Gobierno. En concreto, por boca del hasta hace semanas jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ahora ministro para la Transformación Digital. Óscar López dejó claro que, «desde luego», no comparte esa sentencia. Y se mostró seguro de que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido desautorizará al Supremo. Aunque lo dijo con palabras más suaves: «Yo estoy convencido de que en el camino final se acabará aplicando y será constitucional, que es lo que siempre hemos defendido», señaló López.

Contra el juez Juan Carlos Peinado, los ministros ni siquiera pierden el tiempo con eufemismos. En julio, Sánchez ya se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio en querellarse contra un juez por prevaricación, apuntando con todos cañones de la Abogacía del Estado hacia él.

Cada paso que ha dado el magistrado instructor del caso Begoña desde que decidió abrir diligencias -y ya no digamos cuando imputó a la mujer de Sánchez- ha sido criticado con suma dureza por el presidente y sus ministros. Desde la sala de prensa de la Moncloa, en sede parlamentaria, en las cartas de Sánchez a la ciudadanía, en ruedas de prensa, en actos de partido… Por tierra, mar y aire.

La semana pasada, el Gobierno en pleno culpó al juez Peinado de que las partes filtraran la no declaración que él tomó al presidente en la Moncloa el pasado 30 de julio. «Blanco y en botella», coreó el orfeón gubernamental. Empezando por el ministro de Justicia, que volvió a recriminar al instructor que no hubiese permitido al líder del Ejecutivo declarar por escrito.

Este lunes, el Gobierno también vio la mano de Peinado detrás de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de suspender la vista sobre el caso Begoña. Una vista en la que cuatro magistrados debían pronunciarse sobre los recursos presentados por el abogado de Gómez y por la Fiscalía contra la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La Audiencia adoptó esa medida al no haber recibido entre la documentación el recurso del abogado de la acusada. El Gobierno no se cree que fuera un error en la tramitación por parte del secretario judicial y acusó directamente a Peinado. El ministro López no anduvo con medias tintas en la red X.

La diferencia con un ministro de Justicia del PP

Hace seis años y medio, todas las asociaciones de jueces y fiscales pidieron la dimisión del entonces ministro de Justicia de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, por criticar a un magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que había emitido un voto particular en el caso de La Manada. Catalá ni siquiera afirmó nada, sino que insinuó: «Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el CGPJ no actúe y luego se produzcan resultados singulares», sostuvo el entonces ministro de Justicia. Hoy, el actual responsable de la cartera no insinúa, sino que acusa directamente.

Curiosamente, uno de los vocales del CGPJ que más rápido recriminó a Catalá sus palabras fue José María Macías, hoy magistrado del Constitucional a propuesta del PP. Y también objetivo del Gobierno: tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le han recusado para que no participe en las deliberaciones sobre los recursos presentados a la ley de amnistía.

La otra causa que ha hecho al Gobierno saltarse todas las líneas rojas en cuanto a la separación de poderes es la que afecta al fiscal general del Estado, después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso lo demandara por revelación de secretos. Si el Supremo acaba imputando a Álvaro García Ortiz, es de prever la reacción del Ejecutivo. No en vano, el propio Sánchez ha respaldado en varias ocasiones al fiscal, que según él solo desmintió un «bulo» de la Comunidad de Madrid. Este lunes, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, presentó un informe en contra de la imputación de su superior. Lo esperado, por otra parte.

Y a todo ello se une la concesión que, la semana pasada, el PSOE hizo a Junts y ERC al reactivar dos comisiones de investigación en el Congreso sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils y la llamada Operación Cataluña. Con ellas, el independentismo pretende probar que los jueces incurrieron en lawfare, como ya contó este periódico.