El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana
Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por cobrar comisiones y llevárselas al extranjero
Al expresidente valenciano también se le ha impuesto una multa superior a 25 millones de euros
Zaplana denuncia que las pruebas están «basadas en pactos y acuerdos opacos»
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente valenciano y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a 10 años y 5 meses de cárcel por el caso Erial, un proceso en el que se ha juzgado el cobro de comisiones derivadas de las concesiones de las ITV y el plan eólico valenciano; dinero que posteriormente se ocultó en el extranjero.
Así las cosas, el juez ha considerado al exdirigente 'popular' autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, y además le ha impuesto una pena de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, y otros 3 para el ejercicio de su profesión. Igualmente, la sentencia ha condenado a Zaplana al pago de una multa superior a 25 millones de euros.
No obstante, el Tribunal absuelve al expresidente de la Generalidad Valenciana del delito de grupo criminal, pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.
Zaplana a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia
La Sala también ha condenado a otros seis acusados a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se trata de los empresarios Vicente y José Cotino y Francisco Pérez López; el abogado y asesor fiscal Francisco Grau; el exjefe de gabinete del expresidente, Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló.
Los ocho acusados restantes han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos por no apreciar pruebas que sustenten una condena. Entre estos figura el también expresidente valenciano José Luis Olivas. La sentencia, que consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.