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El portavoz del PP, Borja Sémper, en la Audiencia Nacional

El portavoz del PP, Borja Sémper, en la Audiencia NacionalEFE

El PP pide identificar a los recepcionistas de la sede del PSOE cuando se hizo la presunta entrega de 90.000 €

El PP ha solicitado que se identifique a las personas que estaban trabajando en la recepción de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz el día que se hizo la presunta entrega de 90.000 euros para conseguir una licencia para una empresa de hidrocarburos.

Los 'populares' piden la práctica de dicha diligencia en la querella que han presentado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García –exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos–, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

La querella, a la que ha tenido acceso EP, se basa en dos testimonios anónimos recogidos por The Objective en la publicación del pasado 10 de octubre donde desveló el presunto pago al PSOE.

Para el PP, «la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político» es un indicio bastante importante como para «iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos».

Así, ha solicitado al juez Pedraz quedar personado en el caso hidrocarburos y ampliar las pesquisas a lo relatado en la querella. No obstante, apunta también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el caso Koldo y a la existencia de «un aforado» –Ábalos– que podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.

Además, el texto del escrito judicial indica que «el 10 de octubre de 2024 se hizo público el testimonio de dos informantes anónimos, a través de una noticia periodística». «Concretamente, del testimonio de los dos denunciantes anónimos –acompañándose a la noticia el vídeo anonimizado de la declaración de uno de ellos para evitar posibles represalias ('testimonio del denunciante anónimo')–, se desprende que »el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros".

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