García Ortiz asegura en el programa de Fortes que no está imputado y que «volvería a hacer esa nota» sobre el novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, afronta uno de los momentos más críticos de su mandato tras conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. En una entrevista conducida por Xavier Fortes en La noche en 24 horas de TVE, García Ortiz ha negado tajantemente las acusaciones, insistiendo en que no filtró ningún correo. «Sé lo que hice; por lo tanto, tengo muy claro que el resultado de la investigación solo puede ser uno», declaró con rotundidad, subrayando su confianza en que el Tribunal Supremo descartará cualquier responsabilidad.

El caso que ahora investiga el alto tribunal se centra en la filtración de un correo electrónico relacionado con el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y cuya difusión habría afectado la causa abierta contra este por fraude fiscal.

A pesar de la gravedad del asunto, García Ortiz se ha defendido diciendo que «bastantes más» de 16 o 17 personas tenían acceso a esos correos y que las filtraciones son un «cáncer» que afecta el normal desarrollo de los procesos judiciales. Insistió en que la nota de prensa emitida por la Fiscalía, que desmentía los bulos difundidos sobre el caso, está fuera de la investigación del Supremo, y reiteró que fue el único responsable de su publicación: «Yo asumo que hicimos una nota de prensa, de la que soy el único responsable, para desmentir un bulo», declaró, añadiendo que «no tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez difundir unos bulos».

Pese a las crecientes presiones para que dimita, especialmente desde las filas conservadoras, García Ortiz sigue firme en su negativa de dejar el cargo. En su defensa, mencionó que las peticiones de dimisión no son nuevas, pero que esta vez la situación era lo suficientemente grave como para justificar la emisión de una nota y la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala. «Tiene que ser un tsunami lo que derribe a un fiscal general del Estado», afirmó con determinación, dejando claro que no abandonará su puesto. Incluso si la Junta de Fiscales decide pedir su dimisión, García Ortiz subrayó que no está obligado a seguir sus recomendaciones: «El fiscal general del Estado no se somete a la Junta de Fiscales de Sala», zanjó con firmeza.

En un intento de mostrar fortaleza institucional, García Ortiz argumentó que la Fiscalía General debe ser una institución que resista los embates de cualquier ataque, y sugirió que su dimisión podría debilitar la independencia del ministerio público. Sin embargo, su negativa a abandonar el cargo y su insistencia en que la investigación no lo afectará han sido recibidas con escepticismo, especialmente dado el contexto político en el que su figura ha sido puesta en entredicho.

El fiscal general también reconoció sentirse en una «sensación de indefensión» ante los ataques mediáticos y políticos que ha sufrido desde que asumió el cargo en 2022. Aseguró que no tiene las herramientas para responder a las acusaciones de distintos sectores y lamentó que su figura esté expuesta a «persecuciones». «Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra», dijo, sugiriendo que nunca utilizaría los datos sensibles a los que tiene acceso en perjuicio de ningún partido.

A pesar de las acusaciones y del inminente proceso judicial, García Ortiz se mostró confiado en su integridad y en la justicia. Aunque negó que su caso fuera un ejemplo de lawfare —la instrumentalización política de la justicia—, defendió la independencia de la Fiscalía frente a las presiones de sectores judiciales y políticos. Al ser preguntado sobre si las recientes fricciones entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo, particularmente en torno a la cuestión de la ley de amnistía, podrían haber influido en la decisión de investigarlo, García Ortiz lo descartó: «Reivindico el papel autónomo de la Fiscalía respecto a cualquier magistrado de este país».

Sin embargo, la negativa del fiscal general a reconocer el impacto de su cercanía al gobierno y la constante defensa de su neutralidad no ha acallado las críticas sobre su independencia. La investigación del Tribunal Supremo, que ha decidido actuar de manera unánime, será clave para definir el futuro de García Ortiz, quien, pese a las crecientes presiones, sigue apostando por resistir en su puesto.

La insistencia de García Ortiz en que la nota de prensa emitida por la Fiscalía fue necesaria para desmentir los bulos del entorno de Ayuso no ha logrado apaciguar las dudas sobre su manejo de la información confidencial, y la sombra de la revelación de secretos sigue pesando sobre su mandato. Su defensa ante las cámaras no parece haber disipado las críticas sobre la credibilidad de la institución que dirige, y su capacidad para permanecer al frente dependerá en última instancia del desenlace de la investigación que ahora lo enfrenta al Tribunal Supremo.