La obsesión de Sánchez por destruir a Ayuso se lleva por delante al fiscal general del Estado

La obsesión de Pedro Sánchez por destruir a Isabel Díaz Ayuso se cobró este miércoles una víctima colateral: Álvaro García Ortiz. El protegido de Dolores Delgado, el hombre que saludaba efusivamente a Begoña Gómez en la reciente celebración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI, se convirtió ayer en el primer fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo.

Aunque no dimita ni el Gobierno tenga previsto pedírselo, García Ortiz ha quedado abrasado e inhabilitado para el cargo al saltarse su propio código de conducta, el que se puso en su toma de posesión, en enero: «Quiero reivindicar hoy aquí la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado», sostuvo entonces. Y se definió como «velador, y valedor, de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad».

Éste fue imputado con el voto unánime de los cinco magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, partidarios de investigarle formalmente por un posible delito de revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña. Un caso por el que Sánchez y sus ministros han pedido reiteradamente la dimisión de Ayuso desde marzo. En la Moncloa, desde el Congreso, desde el Senado, en actos del PSOE…

A mayores, el contencioso con la Agencia Tributaria de Alberto González Amador se filtró a la prensa solo días después de que estallaran el caso PSOE y el de Begoña Gómez: la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el novio de la presidenta madrileña se presentó el 5 de marzo; el mismo día que Francina Armengol comparecía en el Congreso para negar su implicación en la trama de las mascarillas cuando era presidenta de Baleares.

La vicepresidenta Montero y el ministro Bolaños entonaron ayer su particular 'Álvaro, sé fuerte'

El Gobierno se apresuró ayer a cerrar filas con García Ortiz después de que este anunciara que no dimitirá, como le exigieron las asociaciones de fiscales y la oposición. Primero María Jesús Montero y después Félix Bolaños, ambos entonaron su particular Álvaro, sé fuerte. Ambos pusieron de relieve que el fiscal general del Estado «se defendió solo y exclusivamente de una mentira que la señora Ayuso dijo con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás», en palabras de la vicepresidenta primera.

Sánchez no tiene previsto dejar caer a alguien que se ha desempeñado como un leal colaborador desde que fue designado. De hecho, pudo no renovarlo al comienzo de la legislatura, en noviembre de 2023, pero lo renovó. Además, en contra del criterio del CGPJ (el anterior), que no lo consideró idóneo para el cargo.

El estigma con el que va a cargar García Ortiz es la consecuencia del enésimo intento del presidente de acabar con la presidenta madrileña, que ha sido su obsesión desde los tiempos de la pandemia. Ayer, sin ir más lejos, Sánchez cargó contra Ayuso en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, como acostumbra a hacer casi cada miércoles. Habló de «la corrupción de la señora Ayuso». Y un día antes, también como casi cada martes, el Gobierno utilizó la sala de prensa de la Moncloa para hacer oposición a Ayuso. En ese caso, por boca de la ministra de Vivienda.

Todas las veces que intentaron hundirla

A comienzos de 2021, Sánchez intentó embarcar a la entonces líder de Cs, Inés Arrimadas, en una moción de censura contra Ayuso. Ella reaccionó con un adelanto electoral que fue la tumba del PSOE de Madrid y de Pablo Iglesias.

Después trataron de hacerla caer por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid por el coronavirus. Hasta la fecha, los juzgados madrileños han archivado 25 querellas de la oposición y de familiares de víctimas contra el Gobierno madrileño, al no haber quedado acreditado delito alguno en los protocolos de derivación de pacientes a los hospitales.

En el otoño de 2022, la izquierda aprovechó un conflicto laboral entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos del ramo —con convocatoria de huelga indefinida incluida— para desatar una nueva marea blanca contra Ayuso. Con Sánchez y sus ministros al frente. Meses después, la presidenta madrileña fue reelegida con mayoría absoluta.

En estos años, Sánchez también ha probado suerte con el hermano de Ayuso. Pero tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Europea archivaron sendas investigaciones. Y a los socialistas la jugada acabó volviéndoseles en contra: la investigación a Ábalos y su camarilla partió de una denuncia que el PP de Madrid presentó en Anticorrupción para que investigara 13 contratos adjudicados por el Ejecutivo de Sánchez durante la pandemia, por valor de 326 millones de euros. Según los de Ayuso, a siete empresas supuestamente relacionadas con el PSOE. Entre ellas, en la denuncia figuraba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, proveedor de cabecera del Ministerio de Transportes de Ábalos.

Como también se les ha vuelto en contra el caso de un fraude fiscal reconocido por su propio autor —el novio de Ayuso— que el Gobierno trató de convertir en la bala de plata contra la presidenta madrileña. «Y el Fiscal General del Estado, también va pa’lante», respondió ella este miércoles a la noticia de la imputación de García Ortiz.