La derrota de Sánchez ante el juez Peinado culmina dos semanas fatídicas del PSOE en los tribunales

El Gobierno y el PSOE llevan dos semanas sin levantar cabeza, sobresaltados día tras día por la actualidad de los juzgados, por donde transcurre la política en este otoño de tormentas. Y el remate fue, este viernes, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar la querella de Pedro Sánchez contra el juez que instruye el caso de su mujer. Por unanimidad, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal hundieron de golpe la línea de flotación de la Moncloa contra el juez Juan Carlos Peinado. Y lo previsible es que la querella de Begoña Gómez contra el mismo juez siga idéntico camino.

Desde que el lunes 7 de octubre tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la instrucción del juez Peinado sobre la mujer de Sánchez, los socialistas no han parado de recibir malas noticias. Ese día, a mayores, agentes de la UCO detuvieron a Víctor de Aldama por un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el IVA de la gasolina. El empresario está considerado el cerebro de la trama que anidó en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

El 8 de octubre, el Gobierno intentó contener los daños con uno de sus relatos y le salió peor que mal. La ministra portavoz, Pilar Alegría, compareció en la Moncloa para afirmar que la Audiencia Provincial de Madrid concluía en su resolución que el juez Peinado estaba llevando a cabo una «investigación prospectiva»; cuando el documento decía justo lo contrario. Tamaña manipulación mereció el reproche unánime de toda la prensa, incluido El País, que tituló: El Gobierno tergiversa el dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso Begoña Gómez.

En la tarde del miércoles 9 de octubre, los medios empezaron a publicar el contenido de los primeros informes de la UCO, fruto del volcado de los teléfonos móviles de los cabecillas de la trama. Los investigadores apuntaban ya el «papel relevante» del exministro Ábalos, el hombre que lo fue todo en el PSOE y al que Sánchez le permitió casi todo. Entre las conversaciones había una en la que Koldo García sostenía que quien le alertó de que estaba siendo investigado fue el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Aunque la UCO matizaba que no había podido contrastar esta información.

En las horas siguientes, el volcado provocó un torrente de informaciones que dejó a los socialistas con el agua al cuello. En la mañana del jueves 10, la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno golpeó directamente al presidente del Gobierno, al publicarse un mensaje en el que autorizaba a Ábalos a reunirse con Delcy Rodríguez.

Y, por primera vez, apareció la sombra de la financiación ilegal: un exsocio de Víctor de Aldama declaró al diario The Objective que llevó a la sede de Ferraz 90.000 euros en efectivo en dos entregas realizadas en octubre de 2020. Declaración que después utilizó el PP para presentar una querella contra el PSOE algo discutida internamente.

El 11 de octubre, cuando varios ministros andaban enredados en tratar de explicar la «no visita» –así la llamaron– de la vicepresidenta venezolana, el propio Sánchez tuvo que dar la cara después de un encuentro con el Papa. «A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela pues, efectivamente, se canceló esa visita», señaló. Pero no aclaró por qué en 2020 dio otra versión en el Congreso y en el Senado: la de que Ábalos evitó «un conflicto diplomático».

El lunes 14, la Fiscalía pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitir a trámite la querella interpuesta por Begoña Gómez contra el juez Peinado por prevaricación. Que, viendo lo que sucedió ayer con la del presidente, es muy probable que acabe igual.

El martes 15, los tribunales dieron un levísimo respiro al PSOE, pero el día no estuvo exento de polémica para los socialistas: la Mesa del Congreso inició un nuevo conflicto con el Senado al declarar nulo el veto que la Cámara Alta había puesto el día antes a la llamada ley Txapote. La negativa del Congreso a convocar un nuevo Pleno para levantar ese veto/ no veto va camino de acabar en el Tribunal Constitucional: el Senado planteará un conflicto de atribuciones en el caso de que Francina Armengol no rectifique. Como cuando la ley de amnistía.

El miércoles 16 el día se torció bien temprano para el Ejecutivo: la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo imputó al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, en una decisión adoptada por unanimidad de sus cinco miembros. Álvaro García Ortiz se apresuró a emitir un comunicado en el que adelantaba que no piensa dimitir y el Ejecutivo cerró filas con él.

Un día después, García Ortiz se enfrentó a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal, menos condescendientes con él que Félix Bolaños o que el propio Sánchez. A última hora del día, el presidente pidió una dimisión desde Bruselas: pero no la del fiscal general del Estado, sino la de la presidenta madrileña. De García Ortiz, por el contrario, dijo: «Respaldamos la acción del fiscal porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo».

Sin tiempo de recuperarse, el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó por unanimidad la querella que Sánchez puso al instructor del caso Begoña: por hacerle declarar como testigo y por no dejar que lo hiciera por escrito. ¿Y ahora?