Castilla-La Mancha abre diligencias para estudiar una posible sanción al aeropuerto de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comunicado a la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real la apertura de actuaciones previas a una posible instrucción de un expediente sancionador en materia urbanística ante la posibilidad de que se use como centro de acogida de inmigrantes.

En una carta remitida el viernes por la Consejería de Fomento a la empresa Ciudad Real International Airport (CRIA), a la que ha tenido acceso EFE este domingo, la Junta de Comunidades ha advertido de la «gravedad de las consecuencias que tendría» destinar el aeropuerto a un uso como centro de acogida de inmigrantes.

Por ello, en los próximos días la Junta de Comunidades comunicará a la empresa el día para inspeccionar sus instalaciones y cita a la empresa en la Consejería de Fomento, en un plazo máximo de cinco días, para que «alegue lo que estime oportuno» y ponga en conocimiento de la Administración «cuantas actuaciones se hayan realizado», así como la documentación que lo respalde.

Además advierte de que el pretendido centro de acogida de inmigrantes, que se englobaría dentro de un uso dotacional sanitario-asistencial según la legislación urbanística vigente, no encaja en el uso dotacional descrito en el proyecto de singular interés (PSI), al no ser un equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de los usuarios del aeropuerto.

Y ha añadido que, en concreto, el plan director del aeropuerto aprobado por el Gobierno central, considera «expresamente incompatible» destinar el aeropuerto a centro de acogida de inmigrantes, ya que califica de «incompatibles los nuevos usos residenciales, dotacionales educativos y sanitarios» con el aeródromo.

A principios de semana se ha conocido que el Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país, toda vez que, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esas instalaciones tienen actualmente un «uso marginal».