Los padres del primer niño asesinado por ETA recibirán una indemnización después de 44 años de lucha

Cuarenta y cuatro años han pasado desde que el pequeño José María Piris fue asesinado por la organización terrorista ETA al explotar la bomba lapa que se desprendió del coche de un guardia civil justo donde jugaba el pequeño.

Cuarenta y cuatro años han peleado los padres del pequeño José María Piris para que la Junta de Extremadura reconozca la indemnización como víctima del terrorismo a este pequeño, nacido en la localidad extremeña de San Vicente de Alcántara.

Finalmente ha sido la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien ha obligado con una sentencia a la Junta de Extremadura a pagar más de 13.000 euros a cada uno de los progenitores de José María Piris Carballo, el primer niño asesinado por ETA, en 1980. Cuarenta y cuatro años después.

Falta de acreditación

Los padres de José María, que entonces tenía 13 años de edad, recurrieron las resoluciones del Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de 15 de septiembre de 2023 por las que deniega a los progenitores la indemnización por fallecimiento de su hijo como consecuencia de acto terrorista «por falta de acreditación de los requisitos exigidos para su concesión», señala el fallo en el que estima los recursos.

De este modo, la Junta es condenada a abonar la indemnización prevista en la Ley de asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura, tal y como se indica en una resolución de la Consejería de Presidencia que publica este lunes el Diario Oficial de Extremadura.

La Junta argumenta su decisión de denegar la concesión de la indemnización en que la víctima no reunía ninguno de los tres requisitos necesarios para ello, como son estar empadronada en Extremadura las dos terceras partes de su vida; tener la condición política de extremeño al momento del fallecimiento; o bien que el atentado sea en Extremadura".

Dado que José María falleció a los 13 años en el País Vasco, donde estaba empadronado y donde llevaba residiendo siete años, los servicios jurídicos de la Junta informaron negativamente sobre la concesión de la indemnización, si bien el ejecutivo regional, una vez conocida la sentencia, ha declinado recurrirla.

El pequeño José María murió en marzo de 1980 en Azcoitia (Guipúzcoa), hasta donde su familia había emigrado desde San Vicente de Alcántara (Badajoz), localidad que le rindió homenaje el pasado verano.

Falleció como consecuencia de la explosión de un paquete bomba que ETA había colocado en los bajos del coche de un guardia civil, dentro de una bolsa de deporte que se desprendió al arrancar el vehículo. El chico encontró la bolsa y al cogerla explotó, provocando asimismo graves heridas a un amigo que pasó 22 días en la UCI.