El juez pide al Supremo imputar a Ábalos por su «papel principal» en la trama Koldo

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) –a la que ha tenido acceso El Debate– para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos ante los «indicios fundados y serios» de su «papel principal» en la «organización criminal» de la conocida como trama Koldo; que «supuestamente se lucró» con la venta de mascarillas durante la pandemia. De esta manera, el magistrado instructor pide al Alto Tribunal que impute Ábalos, ya que como ostenta la condición de aforado por ser diputado en la Cámara Baja el que fuera miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que ser encausado por el Supremo.

En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción también atribuye a Ábalos una «imputación clara y concreta» a través de una serie de indicios que evidencian su presunta participación en tres delitos distintos: de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Respecto al piso que la trama puso a disposición de Jéssica, la persona con la que el exministro mantuvo una «relación especial», el escrito destacaba que «se evidencia que el pago del alquiler del inmueble en el que residía Jéssica, vinculada de manera muy personal Ábalos, era un asunto sensible y de la responsabilidad de Aldama».

En su resolución, el juez atribuye a Ábalos en concreto un delito de pertenencia a organización criminal, tal y como calificó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama diseñada por el conseguidor Víctor de Aldama, en la que el ex ministro socialista ocupaba un papel principal para conseguir negocios con las administraciones públicas.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el magistrado concluye que estaría acreditada la intervención del entonces ministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa de Aldama Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, así como por su intervención en la contratación, por parte de dos empresas públicas (INECO y TRAGSATEC), a la mujer con la que entonces mantenía una relación personal.

Por último, el instructor atribuye al exministro el delito de cohecho porque le fue proporcionado el uso y disfrute de una vivienda en localidad gaditana de La Alcaidesa como pago de su mediación en la adjudicación de los contratos de suministro del material sanitario.

Otro indicio que acreditaría el cohecho, según el juez, es el pago del alquiler del piso en el que residió la pareja de Ábalos en el centro de Madrid, desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, por un importe de 88.101, 43 euros y que abonó Aldama a través de personas y sociedades que estaban bajo su control.

En ese sentido, asegura el juez Moreno que «la perdurabilidad en el tiempo de la organización criminal ha quedado acreditada también de manera simultánea a la celebración de los referidos contratos (adjudicación de contratos por otras administraciones a las empresas de ALDAMA para realizar test COVID o el rescate de Air Europa)«; y, también, de manera posterior a los mismos con los »salvoconductos para disfrutar de libertad de movimientos de ciudadanos venezolanos u obtención de título de operadora para Villafuel».

De esta forma, para el instructor de la causa que ha pedido al Supremo que asuma la competencia de las pesquisas sobre Ábalos, en tanto en cuanto mantiene su condición de diputado y, por lo tanto es aforado ante el Alto Tribunal, la influencia ejercida por éste y por su hombre de confianza, Koldo, «no quedó circunscrita a la permanencia de ambos» en el Ministerio de Transportes. De hecho , tras la salida de los dos referidos del Ministerio en julio de 2021, «se siguen observando pagos recurrentes» al ex asesor del ministro, por parte de Aldama, hasta septiembre de 2022.

De igual forma, «se ha llegado a acreditar mediante las intervenciones telefónicas cómo, incluso, en diciembre de 2023 y enero de 2024, Koldo recurría a ÁBALOS para actuar en beneficio de SOLUCIONES frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban», recuerda el juez Moreno, por unas mascarillas 'fake'.