El ‘tres’ de Hacienda oculta que tuvo 12 salones inmobiliarios con ocho condenas judiciales por impagos

El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, ‘tres’ del Ministerio de Hacienda, ocultó a la Oficina de Conflictos de Intereses cuando le investigó hace cinco años que tenía una red de doce salones inmobiliarios con ocho condenas judiciales por impagos. La Ley de Altos Cargos, a la que está sometido, prohíbe tajantemente mezclar responsabilidades públicas con actividades privadas. La Fiscalía sostiene que omitir datos en la declaración de bienes es constitutivo de un delito de falsedad en documento oficial.

Marco Sanjuán ha tenido a su nombre durante más de una década un paquete de participaciones que oscilaba entre el 12,5 % y el 25 % en una red de doce salones inmobiliarios. Un negocio que consistía en el montaje de ferias por numerosas ciudades españolas para realizar promociones inmobiliarias. Tal y como se desprende de varias sentencias a las que ha tenido acceso El Debate, el negocio ha recibido condenas por reclamaciones económicas por valor de más de 200.000 euros. De todas las sanciones, la más voluminosa fue de 180.000 euros, que ha sido confirmada recientemente por el Tribunal Supremo. Una de las empresas de la red, Murcia Urbana y Residencial SL, fue condenada a pagar esa cantidad al Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia por «incumplimiento de contrato».

A través de otra de las empresas, Salón Inmobiliario de Castellón SL, Marco Sanjuán y el socio con el que compartía la titularidad del negocio, Alberto Gómez Sánchez, fueron condenados a pagar 10.919 euros por una disputa en el pago de una cena en un hotel. El mismo modus operandi con Expovivienda Cántabra SL, desde donde fueron condenados a pagar otros 10.655 euros a otro hotel, en esta ocasión en Santander, por el encargo de una comida que después no se pagó. El análisis de más sentencias también aflora que, además de los almuerzos, la red de salones inmobiliarios del ‘tres’ de Hacienda tampoco pagó los servicios de limpieza de la feria que organizó en Murcia, donde la red fue condenada por no abonar una factura de a una empresa de saneamiento. Portón del Pirineo SL, desde donde el ‘tres’ de Hacienda hacía negocios inmobiliarios en Zaragoza, fue multada por la Agencia Tributaria por pagar menos impuestos de los que le correspondía.

La Ley de Altos Cargos obligaba a Marco Sanjuán a declarar su participación en los doce salones inmobiliarios. En el documento de declaración de bienes que remitió a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente de la secretaría de Estado de Función Pública, cuando tomó posesión del cargo no mencionó que era copropietario de estas ferias. Tan solo citó la patrimonial Investment Betancunia SL que, como desveló este miércoles El Debate, usa para no pagar impuestos sobre su patrimonio. En estos momentos, la instrumental está a nombre de Enrique Lahuerta Tornos, que actúa como testaferro. La participación de Marco Sanjuán en los salones inmobiliarios fue como persona física y no jurídica, por lo que estaba obligado a informar de ello en el apartado «F4» del formulario. Concretamente en el epígrafe titulado Acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios. El resto de la casilla la dejó en blanco.

Prisión, multa o inhabilitación

El 25 de abril de 2019, la Oficina de Conflicto de Intereses le abrió una investigación tras detectar que podía haber incurrido en una incompatibilidad por tener a su nombre la instrumental Investment Betancunia SL. Finalmente se cerró tras Marco Sanjuán enviar un documento en el que defendía la legalidad de la patrimonial en el que, además, reprochó a Flor María López Laguna, directora del organismo, que le pidiera explicaciones alegando que «no contribuía a mejorar mi estado de ánimo». La Oficina, al no hacer ninguna comprobación, no detectó que el presidente del TEAC no había declarado las participaciones en la red de salones inmobiliarios a pesar de estar obligado. Varias semanas después vendió a toda prisa las participaciones por tan solo 1 euros a su socio Alberto Gómez Sánchez, logrando así una importante pérdida patrimonial.

La Fiscalía se ha referido en varias ocasiones a las consecuencias que tiene falsear la declaración que los altos cargos envían a la Oficina de Conflicto de Intereses. «Las autoridades y funcionarios públicos que incumpliendo sus obligaciones legales omitan incorporar a sus respectivas declaraciones de actividades y/o bienes y derechos patrimoniales datos que, con arreglo a la legislación administrativa, estuvieran obligados a declarar, pueden incurrir en un delito de falsedad en documento oficial del artículo 390 del Código Penal. La omisión de dichos datos deberá ser considerada penalmente relevante, pues —cuando menos en abstracto— impedirá cumplir al documento —y al registro al que debe incorporarse— la finalidad que le resulta inherente», sostiene.

Un alto cargo del TEAC próximo a Marco Sanjuán, conocedor del asunto, explica a este periódico que el Código Penal menciona expresamente el hecho de «faltar a la verdad en la narración de los hechos» en la omisión de participaciones como la de Marco Sanjuán. El artículo referido a este delito establece que «será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad».

Este jueves, Marco Sanjuán da una charla en Córdoba sobre lucha contra el fraude fiscal junto a la cúpula del Ministerio de Hacienda en el Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Con él estarán altos cargos como Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de la ministra María Jesús Montero, o Soledad Fernández, directora de la Agencia Tributaria, entre otros. Tras ser preguntado nuevamente por su versión de los hechos, sigue sin responder al requerimiento de este periódico.